En el comienzo de su gestión, el presidente Mauricio Macri fue beneficiando a los sectores históricamente acaudalados al eliminar los impuestos a las ventas externas de trigo y maíz, al reducir los de la soja y al quitar los tributos que pagaban exportaciones industriales del país.
En esa línea, en marzo de 2016 el mandatario Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado una suma superior a los 200 millones de dólares. En ese entonces, justificaron la decisión a partir de considerar que esas retenciones desalentaban posibles inversiones.
En contraposición con esta medida, el año pasado la provincia de Santa Cruz impulsó el programa de Responsabilidad Social Empresaria denominado UniRSE que permite un aporte voluntario de esas mismas empresas para establecer una sinergia de beneficio mutuo entre la actividad privada extractiva de recursos no renovables y el Estado que los volcaba en salud, desarrollo social y productivo. “No hay espacio para empresas ricas insertas en comunidades pobres, aquel que más tiene es el que más debe aportar”, había señalado el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Leonardo Álvarez, al lanzar en 2016 el Programa Provincial UniRSE (Unidos en la Responsabilidad Social Empresaria).
En sintonía con su insistencia por favorecer a los mismos sectores concentrados de la economía, ahora el gobierno nacional derogó dos normas que regulaban el sector minero (Resolución Nº 12 y 13 de 2012 del Ministerio de Planificación Federal). Una establecía la obligatoriedad para las empresas mineras radicadas en el país a contratar servicios de empresas nacionales de fletes marítimos, fluviales, terrestres o aéreos para operaciones de exportación de minerales o derivados. La otra, determinaba que las empresas mineras estaban obligadas a tener un departamento de sustitución de importaciones, respetar las normas nacionales en el diseño y acabado de los proyectos de ingeniería para la construcción total o parcial de los proyectos mineros y presentar con anticipación de 120 días la adquisición de productos los cronogramas de demanda.
Nuevamente, en línea antagónica con las ideas macristas, las políticas santacruceñas en términos de PyMEs y compre local creo la “Mesa de sustitución de compras y contrataciones” que incluye al Estado a través de las Secretarias de Minería y Comercio, las empresas mineras y las pymes locales agrupadas en Capromisa y otras Cámaras de Comercio y con la que se logró conocer las bases de datos de requerimiento de insumos y servicios, la información de los diferentes licitaciones y el resultado de las mismas amparados en el secreto estadístico siempre con la idea de beneficiar a la captación de renta y formación de empleo por parte de los comerciantes provinciales.
En el mismo sentido y con la intención de profundizar la idea, el diputado Jorge Arabel introdujo recientemente un proyecto de Ley en la Legislatura por el que se crea “en el ámbito del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), el que tendrá carácter obligatorio y público”.
La iniciativa establece “como obligación para todas las empresas, que el monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con Proveedores Santacruceños, inscriptos en el RUPAE, no podrá ser inferior al treinta por ciento (30 por ciento) del monto total contratado con todos sus proveedores, y conforme a la metodología y requisitos que establezca la reglamentación. En los casos en que las empresas contraten a proveedores no inscriptos en el RUPAE, esas contrataciones no serán computables a los efectos de la obligación determinada precedentemente”.
Además, indica que “las empresas deberán dar prioridad de contratación a proveedores santacruceños, inscriptos en el RUPAE, siempre y cuando se configuren cotizaciones similares en hasta un quince por ciento (15 por ciento) superior respecto de otras que no estuviesen radicadas”.
Decisiones que favorecen la importación indiscriminada
Ante las distintas medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial, el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo, señaló que “está muy claro que desde el Estado Nacional buscan favorecer la importación indiscriminada que atenta contra la formación de puestos de trabajo” e indicó que al mismo tiempo “dejan sin efecto las medidas que obligaban a las mineras a dar información anticipada de sus requerimientos para dar posibilidad a las pymes regionales que no acceden a stocks de economías de escala por dificultades logísticas y financieras”.
“Ya lo habíamos planteado en el primer borrador del Acuerdo Federal Minero que logramos modificar”, recordó el funcionario y aseguró que “seguiremos trabajando en ese sentido a través de políticas públicas activas como el proyecto de ley de compre local presentado en la última semana en la Legislatura provincial por Diputados del Frente para la Victoria”.
Finalmente, Bilardo mencionó que espera una reacción de las Cámaras que nuclean a los proveedores provinciales en contra de esta medida. “Ojalá que Capromisa (Cámara de proveedores mineros de Santa Cruz), que tiene fluido contacto con el Subsecretario (de Desarrollo Minero, Osvaldo) Capello, le haga saber cuánto nos perjudica esta decisión del estado Nacional en contra del compre local”.