Se aprobaron aumentos jubilatorios, moratoria, emergencia en discapacidad y reparto de ATN e impuestos a combustibles con respaldo de gobernadores y distintos bloques políticos.
En una jornada que tensionó las institucionalidades, el Senado se autoconvocó y, con 42 legisladores presentes desde las 14, inició una sesión que dejó al oficialismo al margen. La vicepresidenta Silvia Sapag abrió el debate y, poco después, Victoria Villarruel asumió la presidencia de la sesión, garantizando su continuidad en medio de las críticas por su legitimidad .
Durante el debate, se convirtieron en ley varias iniciativas resistidas por el Gobierno:
Aumento del 7,2 % en jubilaciones y elevación del bono de $70 000 a $110 000: aprobado por unanimidad (52 a favor, 4 abstenciones). Obtuvo respaldo de Unión por la Patria, el radicalismo y los senadores santacruceños; el PRO y libertarios se abstuvieron.
Prórroga de la moratoria previsional por dos años: aprobada con mayoría calificada tras recibir media sanción de Diputados.
Emergencia en discapacidad: aprobada por 55 votos a favor, con conmovedor respaldo del senador Luis Juez, papá de una hija con discapacidad, y discurso emotivo en favor de la dignidad de quienes la padecen .
Reforma del reparto de ATN y del impuesto a combustibles: ambas leyes fueron aprobadas con más de dos tercios de los presentes (55 a favor, solo Luis Juez votó en contra), tras un fuerte empuje de los gobernadores, señaló el senador Martín Lousteau.
La sesión se caracterizó por la validación de dictámenes aprobados en una comisión autoconvocada, cuestión que el oficialismo tildó de “ilegítima”. Sin embargo, Villarruel y el pleno respaldaron su validez .
El jefe de bloque oficialista, Atauche, insistió en que la sesión carecía de legitimidad por falta de convocatoria formal y anunció acciones legales para invalidarla. En respuesta, los senadores opositores, como José Mayans y Martín Lousteau, denunciaron obstrucciones del Ejecutivo para impedir el tratamiento legislativo .
Este paquete de leyes forma parte de la estrategia de los gobernadores —incluidos los de Juntos por el Cambio— que promovieron la iniciativa bajo la premisa de “derecho a la redistribución de fondos”. La senadora Alejandra Vigo señaló que la salud, la educación y la justicia recesarán sin recursos, y Lousteau remarcó que “no son fondos de la Nación, sino administrados por ella” .
El Ejecutivo, por su parte, ya adelantó que vetará todas las medidas que comprometan el equilibrio fiscal, según anunció Javier Milei.
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