La decisión presidencial desplaza tareas al Ministerio de Economía y favorece concesiones. El sindicato vial alerta sobre despidos e ineficiencia técnica.
El Gobierno de Javier Milei anunció el cierre “definitivo” por decreto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos responsables del mantenimiento vial en todo el territorio nacional. La medida surge al expirar este martes 8 de julio las facultades delegadas otorgadas por la Ley de Bases.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la movida busca erradicar la “corrupción en la obra pública” ligada a contratos amañados, y transferir las funciones actuales a un ente regulador dependiente del Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La DNV, que emplea más de 5.500 trabajadores y mantiene 118 rutas nacionales que suman más de 40.000 km, quedará sin cobertura técnica estatal.
Réplica gremial
Para la secretaria general de STVyARA, Graciela Aleñá, la decisión representa un golpe directo a la seguridad vial, el empleo y la planificación federal:
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas… rutas nacionales de la muerte”, advirtió, y acusó al Gobierno de desviar fondos del Impuesto al Combustible para otros fines.
La líder sindical denunció que el cierre de Vialidad es una decisión “profundamente ideológica” orientada a reducir el Estado y favorecer la privatización encubierta, mientras se suprimen controles técnicos y se desconoce el presupuesto profundo, que acumula un déficit de unos 350.000 millones de pesos.
Aleñá advirtió que los 5.500 trabajadores quedarán en la calle, las rutas quedarán “a la deriva” y las decisiones pasarán a manos privadas o fiscales centralizadas, sin control técnico ni federal.
Impacto y consecuencias
La medida se complementa con el anuncio de licitación de 9.120 km de rutas, como parte de una estrategia de desregulación y aprovechamiento de las facultades delegadas. El ministro Federico Sturzenegger también declaró que el Gobierno no recurrirá a nuevas delegaciones legislativas como lo hacía el kirchnerismo.
STVyARA remarcó la ausencia de un estudio serio que compare las estructuras estatales descentralizadas con concesionarias privadas, en términos de eficiencia operativa y seguridad vial . Además, denunció que los fondos recaudados por el Impuesto al Combustible no fueron volcaron a mantenimiento vial, lo que explicaría el desfinanciamiento crónico de Vialidad Nacional.
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