Con el nuevo decreto 397/25, el Ejecutivo abre el mercado de armas semiautomáticas y le resta controles a las fuerzas. La sociedad civil, en alerta.
La semana dejó una postal clara del modelo de país que Javier Milei y Patricia Bullrich están instalando a toda máquina: una mezcla tóxica de Estado policial, represión digital, y promoción del uso civil de armamento semiautomático. Sí, como en Texas, pero sin las garantías del sistema judicial norteamericano. Acá es palo, decreto y tobillera electrónica, como la que le pusieron a Cristina Kirchner.
Primero vino el decreto 383/25, una verdadera ley marcial encubierta que reformó de raíz a la Policía Federal Argentina (PFA), transformándola en una fuerza de inteligencia proactiva con capacidades de espionaje y detención sin orden judicial. Luego llegó el golpe simbólico y legal más brutal: el decreto 397/25, que habilita la tenencia de armas semiautomáticas de uso militar a civiles “para fines deportivos”.
¿Se trata de una política pública pensada? ¿O de una provocación ideológica que apunta a militarizar la sociedad como forma de disciplinamiento social? Las voces críticas no se hicieron esperar. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú fue tajante: “Esto es una promoción directa de la justicia por mano propia. Es el modelo fascista yankee que glorifica el cowboy solitario armado hasta los dientes”.
Y no se queda ahí. La otra bomba normativa es el decreto 409/25, que le quita a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) el control sobre la portación de armas en las fuerzas de seguridad. A partir de ahora, cada fuerza se autoadministra: habilita, autoriza y vigila a sus propios miembros. El sueño húmedo de cualquier fuerza represiva. Como si no tuviéramos suficiente con las desapariciones y los fusilamientos por la espalda, como el de Chocobar.
La lógica es clara: mientras se liberaliza el mercado de armas, se endurece el aparato represivo. Protocolo antipiquetes, unidad de ciberpatrullaje sin orden judicial, regreso de la SIDE camuflada, “fuerzas de élite” al estilo FBI. Todo está diseñado para blindar al régimen frente a la conflictividad social que sus propias políticas económicas provocan.
“Si hay hambre, hay represión”, escribió una vez Rodolfo Walsh. Y Milei parece estar ejecutando esa máxima con precisión quirúrgica. Pero esta vez con armas de asalto y algoritmos.
Desde el Congreso, el bloque de Democracia para Siempre ya presentó un proyecto de ley para declarar la nulidad del decreto 383/25, denunciando que Milei se extralimitó en sus facultades. Pero mientras tanto, las calles se llenan de escudos, las redes se vigilan como trincheras, y las armas se venden como medialunas.
¿Vamos hacia una sociedad armada y vigilada? ¿O ya estamos ahí y no nos dimos cuenta?
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