El nuevo esquema impacta en usuarios de Edesur y Edenor. Además, las empresas deberán ofrecer planes de pago y no podrán cortar el suministro por ajustes.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un nuevo ajuste tarifario para los servicios de distribución eléctrica de Edesur y Edenor, que entrará en vigencia este mes y alcanza tanto a usuarios residenciales como a entidades sociales. Al mismo tiempo, dispuso un cambio estructural en el sistema de facturación: a partir de noviembre, las lecturas y facturas serán mensuales, reemplazando el esquema bimestral que regía desde 2016.
Según la Resolución 730/2025, los aumentos serán del 3,53 % para los clientes de Edesur y del 3,6 % para los de Edenor, con alcance a los tres niveles de segmentación vigentes (N1: altos ingresos, N2: bajos, N3: medios) y también a clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.
Cambia la forma de medir el consumo
La novedad más relevante es que, desde noviembre, todas las distribuidoras deberán realizar lecturas mensuales de medidores y emitir facturas con la misma frecuencia. El ENRE justificó el cambio en la necesidad de ofrecer una “señal más clara, transparente y oportuna” sobre el uso de energía y el costo real del servicio.
No obstante, la transición podría generar ajustes o solapamientos en la facturación, por lo que el ENRE estableció mecanismos específicos para evitar perjuicios a los usuarios:
Las empresas deberán ofrecer planes de pago sin interés ni anticipos por los montos de ajuste.
La leyenda “Ajuste migración mensual” deberá figurar claramente en las facturas.
El ajuste no podrá cobrarse en una sola cuota, sino que deberá dividirse al menos en dos facturas.
Prohibiciones y obligaciones para las empresas
Durante este proceso, no podrán realizarse cortes por falta de pago vinculados a la transición del sistema, y las distribuidoras deberán implementar campañas de comunicación claras para explicar los cambios a los usuarios. Además, el ENRE aclaró que los costos operativos de esta modificación no podrán ser trasladados a la tarifa, y deberán ser absorbidos por las empresas.
La medida marca un cambio profundo en la relación entre usuarios y empresas distribuidoras, en un contexto de tensión por la suba sostenida de tarifas y la reestructuración del sistema energético que impulsa el gobierno nacional.
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