La iniciativa fue presentada en la Legislatura provincial y busca crear un programa transitorio de fortalecimiento financiero para atender salarios, deudas, servicios y gastos de funcionamiento.
Intendentes de distintas localidades de Santa Cruz presentaron ante la Cámara de Diputados provincial un proyecto de Ley de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial para que parte de los recursos del Fondo Fiduciario UNIRSE sean redistribuidos entre municipios y comisiones de fomento. La propuesta llega en medio de una situación económica compleja, marcada por caída de ingresos, pérdida de actividad, presión salarial y mayores demandas sociales sobre los gobiernos locales.
La iniciativa fue impulsada por los intendentes Antonio Carambia, de Las Heras; Javier Belloni, de El Calafate; Pablo Anabalón, de Pico Truncado; Darío Menna, de Río Turbio; Zulma Neira, de Los Antiguos; Raúl Martínez, de Puerto Deseado; Pablo Grasso, de Río Gallegos; Aldo Aravena, de 28 de Noviembre; y Tomás Cabral, presidente del Comisionado de Koluel Kaike.
El proyecto propone crear un Programa de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y posibilidad de prórroga por otros doce meses. El eje central es ordenar la distribución del 50% de los fondos existentes en el Fondo Fiduciario UNIRSE al momento de la promulgación de la ley entre municipios y comisiones de fomento, de acuerdo con los coeficientes de coparticipación vigentes.
La propuesta también habilita al Poder Ejecutivo provincial a utilizar el 50% restante del Fondo con la misma finalidad general: sostener el funcionamiento del Estado, atender salarios, cubrir servicios y afrontar necesidades urgentes. Según el texto presentado, los fondos que ingresen después de la primera transferencia y durante la vigencia del programa deberán distribuirse de manera conjunta y bajo una modalidad similar a la coparticipación provincial.
Los jefes comunales sostienen que la situación financiera de municipios y comisiones de fomento se deterioró de manera sostenida. En los fundamentos del proyecto, advierten que entre marzo de 2024 y marzo de 2026 la coparticipación municipal cayó 15,2% en términos reales, mientras los costos operativos, los servicios, los insumos y los gastos de funcionamiento siguieron aumentando. A ese cuadro se sumó la presión por recomponer salarios municipales en un contexto de inflación y retracción de la actividad económica.
El documento plantea que la caída de la actividad comercial e industrial impactó de lleno en la recaudación propia de cada localidad. Menos consumo, menos movimiento económico y cierres de comercios derivan en menos ingresos por tasas, impuestos y contribuciones locales. Frente a ese escenario, los intendentes advierten que aumentar la carga tributaria sobre los vecinos agravaría la crisis y profundizaría la caída de la economía local.
El recorte de fondos nacionales aparece como otro de los argumentos centrales. Los intendentes señalan la paralización de la obra pública nacional, la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior y la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional como factores que golpearon directamente a Santa Cruz. Según el proyecto, la inversión real directa del Estado nacional cayó 83% en promedio en el país durante 2024, mientras que en Santa Cruz la baja real llegó al 93%.
La salida de YPF de la provincia también ocupa un lugar sensible en la fundamentación. Los intendentes remarcan que el retiro de la compañía provocó impacto sobre el empleo, el consumo y la actividad económica de las localidades más afectadas. Además, sostienen que, en el marco del acuerdo firmado en 2025, YPF abonó a la Provincia un bono resarcitorio de 200 millones de dólares por pasivos históricos y ambientales, pero esos fondos no fueron coparticipados a los gobiernos locales.
El proyecto busca presentar al Fondo UNIRSE como una herramienta inmediata para aliviar esa situación sin recurrir a endeudamiento más gravoso. El fondo fue constituido a partir de aportes voluntarios de empresas mineras, aprobado por la Legislatura mediante la Ley 3.476 y orientado al financiamiento de programas de inversión social, salud, obras, bienes y desarrollo productivo. Para los intendentes, asistir a municipios y comisiones de fomento en plena crisis es compatible con ese espíritu original.
Los recursos que recibirían las administraciones locales serían de libre disponibilidad. El texto establece que podrán destinarse al pago de haberes, recomposición y actualización salarial del personal municipal, cancelación de deudas comerciales y de servicios esenciales, saneamiento de déficits operativos, mantenimiento de servicios públicos y cualquier otra erogación corriente o de capital necesaria para el funcionamiento de cada administración.
La ley propuesta fija además un plazo concreto para la transferencia. El Poder Ejecutivo provincial debería efectivizar los pagos dentro de los 20 días corridos desde la promulgación de la norma, mientras el Comité Administrador del Fondo UNIRSE tendría que emitir las instrucciones correspondientes al fiduciario para cumplir con la distribución.
Uno de los puntos políticos de mayor peso es el criterio de reparto. Los intendentes proponen utilizar los coeficientes de coparticipación establecidos por la Resolución M.E.F.I. N° 0524/2024, en el marco de la Ley Provincial N° 1.494 y sus modificatorias. Con ese mecanismo, buscan evitar decisiones discrecionales y garantizar que cada municipio o comisión de fomento reciba una porción definida por parámetros ya existentes.
El proyecto también prevé controles. Municipios y comisiones de fomento deberán rendir cuentas documentadas sobre la inversión de los fondos recibidos, de acuerdo con la normativa provincial vigente y los procedimientos del Tribunal de Cuentas. Además, deberán remitir copia de esa rendición al Comité Administrador del Fondo Fiduciario UNIRSE.
La iniciativa no se limita a una respuesta transitoria. Una vez finalizado el programa, el 50% de los recursos que compongan el Fondo UNIRSE quedaría reservado de manera permanente para proyectos presentados directamente por municipios y comisiones de fomento ante el Comité Administrador. Esos proyectos deberán estar vinculados con inversión social, infraestructura comunitaria, salud, educación, desarrollo productivo local y tecnológico.
En términos políticos, el planteo de los intendentes instala una discusión de fondo sobre la distribución de los recursos provinciales. El mensaje es directo: los fondos generados en Santa Cruz deben volver de manera equitativa a las localidades, especialmente en un momento en el que los municipios aseguran estar funcionando como primera línea de contención social. La frase que atraviesa el proyecto es casi una definición de época para la gestión local: el municipio no puede cerrar la persiana y esperar tiempos mejores.
La presentación también se lee en el contexto de una provincia atravesada por tensiones fiscales, debates por endeudamiento, reclamos salariales y caída de ingresos. Frente a ese escenario, los intendentes eligieron avanzar con una herramienta legislativa que no sólo reclama fondos, sino que propone un esquema institucional para distribuirlos. El debate ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, donde deberá definirse si el Fondo UNIRSE continúa administrado bajo la lógica actual o si incorpora una dimensión municipal permanente.
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