Mientras Diego Spagnuolo se negó a declarar, la causa expone sobreprecios extremos, licitaciones bajo sospecha y compras de Santa Cruz a la droguería Suizo Argentina.
La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad entró en una etapa judicial decisiva. Desde fines de abril y durante mayo de 2026, 35 imputados pasan por los tribunales federales de Comodoro Py en la segunda tanda de indagatorias ordenada dentro del expediente que investiga maniobras con compras públicas, sobreprecios y supuestos retornos vinculados a insumos de alto costo.
El centro del caso sigue siendo Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y exabogado personal del presidente Javier Milei. El exfuncionario fue indagado y procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En la nueva convocatoria judicial, sin embargo, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. Según trascendió, su estrategia es no hablar hasta que se realice la pericia sobre los audios que precipitaron su salida del organismo.
Los números que aparecen en el expediente son de una magnitud difícil de disimular. Un documento interno del Ministerio de Salud, elaborado en abril de 2025 y citado por La Nación, detectó diferencias del 1.000%, 2.000% y hasta más del 4.000% entre facturas pagadas por productos como prótesis, sillas de ruedas y andadores y sus valores de referencia. El caso más extremo mencionado es la compra de un andador por $12.150.000, con un sobreprecio del 4.239%.
La revisión oficial también detectó sillas de ruedas pagadas a $19 millones cuando el valor de referencia era de $1,3 millones, además de diferencias del 242% en válvulas cardíacas respecto de los precios abonados por el PAMI para el mismo insumo. El relevamiento fue elaborado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y analizó facturas emitidas por seis proveedores que recibieron pagos por unos $18.100 millones: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Expo Trauma, Ortopedia Bernat y Cirugía y Ortopedia Imnova.
Para el fiscal Franco Picardi, la maniobra se apoyó en una estructura articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Según su planteo, el esquema implicó erogaciones por aproximadamente $75.478 millones del erario estatal en favor de un grupo reducido de empresas. El juez Ariel Lijo, por su parte, sostuvo que la organización habría estado dedicada a generar sumas millonarias de manera ilegal, en perjuicio del Estado, y dispuso inhibiciones generales de bienes sobre personas y firmas involucradas.
La operatoria bajo investigación habría utilizado el Siipfis, el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, una herramienta digital creada para agilizar compras. La sospecha judicial es que el mecanismo fue vulnerado para direccionar contrataciones: definir de antemano qué empresas podían competir, cuáles quedaban afuera y quiénes terminaban accediendo a los contratos. En ese entramado aparece además un grupo de WhatsApp llamado “grupo museo”, donde exfuncionarios y operadores externos presuntamente discutían la participación de empresas en supuestas competencias de precios.
La fiscalía documentó dos episodios que, según la acusación, funcionarían como coimas de Miguel Ángel Calvete hacia Spagnuolo: una entrega de $5.000.000 en efectivo en junio de 2025 y el pago de deudas del extitular de la ANDIS con una mueblería por $9.970.500, abonadas a través de una cuenta bancaria de Indecomm SRL. En este tramo de la causa, Spagnuolo, Daniel Garbellini y Calvete —este último desde la cárcel— se negaron a declarar.
El punto de mayor impacto político sigue siendo el contenido de los audios filtrados en agosto de 2025. En esas grabaciones, atribuidas a Spagnuolo y difundidas por Jorge Rial y Mauro Federico en Carnaval Stream, se describe un presunto circuito de cobro y pago de coimas a través de la droguería Suizo Argentina. Según esos audios, el esquema habría generado un sobreprecio del 8%, del cual un 3% sería enviado a la Secretaría General de la Presidencia.
Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem niegan de manera categórica las acusaciones. Menem afirmó en redes que no podía aseverar nada sobre la autenticidad de los audios, pero sí aseguró la “absoluta falsedad” de su contenido. La defensa de Spagnuolo, en tanto, insiste en que las grabaciones fueron obtenidas de forma ilícita, adulteradas o incluso creadas mediante inteligencia artificial. Esa línea busca invalidar el material que originó la crisis política y aceleró el expediente judicial.
El juez Lijo ordenó una pericia para determinar el origen y la veracidad de los audios, a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional. Pero la causa no se apoya sólo en esas grabaciones. La declaración de Fernando Cerimedo incorpora al expediente, por una vía distinta, la noticia sobre presuntos sobornos en la compra de medicamentos en la ANDIS. Ese elemento resulta relevante porque refuerza la investigación más allá de un material clandestino y discutido por las defensas.
El escándalo también abrió un frente en Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal fue mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo y también en la declaración de Cerimedo. Según el material disponible, esa referencia no lo vincula directamente con el esquema de sobreprecios de la ANDIS, sino con el armado de La Libertad Avanza en la provincia. Sin embargo, la conexión documentada aparece por otro lado: las compras de la Caja de Servicios Sociales provincial a la droguería Suizo Argentina.
Desde la llegada de Vidal al gobierno santacruceño, la provincia se convirtió en uno de los principales clientes de la Suizo Argentina, firma investigada por presunto pago de coimas. En apenas un año, las compras superaron los $15.000 millones, una cifra que, según el informe base, no guarda relación con la cantidad de afiliados a la obra social provincial ni con las necesidades del sistema hospitalario local. Durante 2023, último año de Alicia Kirchner, la obra social pagó $6.000 millones por medicamentos; en el primer año de Vidal, esa suma trepó a $20.000 millones. En lo que va de la gestión, Santa Cruz habría pagado a la Suizo Argentina $46.000 millones.
Clarín reveló que Santa Cruz compró a Suizo Argentina montos equivalentes al 40% de lo adquirido por la provincia de Buenos Aires, pese a tener una población 60 veces menor. Las decisiones de compra habrían sido avaladas por Sergio Pérez Soruco, presidente de la Caja de Servicios Sociales, y Hernán Kustich, vocal por el Ejecutivo y hombre cercano a Vidal. La irregularidad ya había sido advertida por un auditor de medicamentos de alto costo de la CSS, que presentó dos dictámenes y fue echado tras elevar el segundo.
Ante la Legislatura provincial, Pérez Soruco asistió sin documentación y dio respuestas evasivas. La obra social tampoco respondió un pedido de acceso a la información pública. La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, aportó una comparación que expone la escala del problema: entre marzo de 2024 y agosto de este año, la Suizo Argentina facturó en Santa Cruz más de $30.000 millones, casi lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, aunque la CSS tiene 67.500 afiliados y Buenos Aires supera los 17 millones de habitantes.
Vidal reconoció la gravedad del asunto, aunque tomó distancia de las acusaciones. Dijo haber sentido “dolor” ante las denuncias sobre contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad, cuestionó los recortes en el área y afirmó que hay provincias colapsadas. Su nombre, por ahora, aparece más ligado al entramado político y a la relación comercial de Santa Cruz con Suizo Argentina que a una imputación directa en la causa central de la ANDIS.
El expediente también quedó atravesado por la interna del oficialismo. El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, envió al juzgado de Lijo un informe que confirma la trama de sobreprecios detectada por Picardi. Vilches responde al ministro de Salud, Mario Lugones, padre de uno de los socios de Santiago Caputo. En sectores libertarios interpretan esa presentación como parte de una ofensiva del asesor presidencial contra el esquema de poder que orbita alrededor de Karina Milei y la Secretaría General de la Presidencia.
La investigación judicial sostiene que la estructura habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con el objetivo de direccionar contrataciones públicas hacia empresas privadas. El trasfondo político agrava el cuadro: recursos destinados a personas con discapacidad, muchas de ellas sin otra cobertura de salud, terminaron bajo sospecha de haber sido desviados mediante sobreprecios, licitaciones amañadas y acuerdos entre funcionarios y proveedores.
La causa ANDIS ya no gira solamente alrededor de audios explosivos. El expediente reúne informes oficiales, datos de compras, testimonios, indagatorias, pericias pendientes y vínculos comerciales que abren derivaciones provinciales. Lo que empezó como una filtración incómoda se transformó en una investigación sobre el uso de fondos públicos en uno de los sectores más sensibles del Estado. Y, en ese recorrido, el caso dejó de ser apenas un problema judicial para convertirse en una crisis política de alto costo para el Gobierno.
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