Claudio Vidal ya no sabe a quién designa o miente ?

La caída de Juan Mata no es un episodio menor ni una anécdota de gabinete. Es, en términos políticos e institucionales, una postal brutal de la degradación del Estado cuando los controles llegan tarde, cuando la selección de funcionarios se hace sin rigor y cuando la transparencia aparece recién después del escándalo. Mata no era un asesor perdido en una oficina secundaria. Era el ministro de Trabajo de Santa Cruz. El funcionario que debía velar por la legalidad laboral, fiscalizar relaciones entre empresas, gremios y trabajadores, y garantizar que las reglas no fueran una ficción para los poderosos y una obligación para los de abajo.

Por eso el caso golpea más fuerte. Porque, según la información difundida, Mata habría percibido ingresos simultáneos de la UOCRA, de la empresa Evangelista SA y del gobierno provincial mientras ocupaba un lugar central en la administración de Claudio Vidal. No estamos hablando de una simple desprolijidad administrativa. Estamos frente a una presunta incompatibilidad de una gravedad política enorme: un ministro de Trabajo vinculado económicamente con actores que, directa o indirectamente, forman parte del universo que él mismo debía controlar.

La pregunta incómoda no es sólo qué hizo Juan Mata. La pregunta de fondo es quién lo eligió, quién lo revisó, quién lo avaló y quién miró para otro lado hasta que la documentación empezó a circular en redes y el costo político se volvió insoportable.

Claudio Vidal decidió echarlo. Hizo bien. Pero echarlo no alcanza. La destitución puede ser una reacción necesaria, pero no borra la responsabilidad previa. Un gobernador no puede presentar cada crisis de su gabinete como si fuera un rayo caído del cielo. Mata no apareció por generación espontánea. Fue nombrado el 27 de enero, en el marco de una reorganización del gabinete. Venía de la propia estructura del Ministerio. No era un desconocido para la administración. Entonces, la pregunta vuelve, más seca, más áspera: ¿nadie sabía nada?

El oficialismo querrá mostrar la salida como una prueba de firmeza. “Transparencia”, dirán. “Responsabilidad política”, repetirán. Pero la transparencia verdadera no consiste en apagar el incendio cuando las llamas ya llegaron al techo. La transparencia empieza antes: en los filtros, en las declaraciones juradas, en los controles patrimoniales, en la incompatibilidad de funciones, en la revisión de vínculos privados, sindicales y empresariales. Lo otro es control de daños.

Y aquí está el núcleo del problema. El Ministerio de Trabajo no es cualquier ministerio en Santa Cruz. En una provincia atravesada por tensiones sindicales, conflictos petroleros, obra pública, empleo privado en retroceso y negociaciones gremiales permanentes, esa cartera exige una autoridad política intachable. No puede haber sombra de doble dependencia. No puede haber un funcionario sentado en una mesa con gremios y empresas mientras, al mismo tiempo, aparecen registros que lo vinculan económicamente con alguno de esos sectores. Eso no es sólo un papel mal presentado. Es una bomba contra la credibilidad del Estado.

El caso de la UOCRA es especialmente delicado. Según la información disponible, Mata habría recibido aportes patronales de ese gremio mientras participaba como ministro en instancias donde la organización formaba parte del entramado de negociación laboral. Si eso se confirma, el conflicto de intereses es evidente. Un ministro no puede ser árbitro y parte. No puede fiscalizar con una mano y cobrar con la otra. No puede invocar la legalidad laboral mientras su propia situación administrativa se vuelve objeto de sospecha.

También aparece Evangelista SA, una empresa vinculada a obras de ingeniería y servicios para petroleras en el norte provincial. Otro dato sensible. Santa Cruz vive una etapa de reacomodamiento fuerte en áreas petroleras antes operadas por YPF, con gremios, operadoras y contratistas moviéndose en un tablero complejo. Que el ministro de Trabajo figure, presuntamente, con ingresos relacionados a una empresa de ese ecosistema no es un detalle técnico. Es una alarma institucional.

Vidal, además, enfrenta un problema que excede a Mata. La rotación en el Ministerio de Trabajo empieza a parecer un síntoma. Julio Gutiérrez, Ezequiel Verbes, Juan Mata. Tres nombres en poco más de dos años de gestión. Una cartera sensible convertida en puerta giratoria. Y cuando un área clave cambia tanto de manos, la explicación no puede limitarse a las personas. Hay que mirar el método. Hay que mirar la conducción. Hay que mirar la calidad política del armado.

El intendente Pablo Grasso fue duro al hablar de “banda de improvisados”. La frase tiene filo opositor, claro. Pero pega porque toca una fibra real: la improvisación en el Estado se paga caro. La pagan los trabajadores que esperan respuestas. La pagan las empresas que necesitan reglas claras. La pagan los gremios que negocian en medio de incertidumbre. Y la paga la ciudadanía, que asiste una vez más al espectáculo de funcionarios que prometen austeridad, orden y moral pública mientras aparecen envueltos en privilegios, cobros cruzados o zonas grises.

Hay otro punto que no conviene esquivar. La denuncia habría empezado a circular desde espacios vinculados a los libertarios. Eso puede explicar el timing político, pero no invalida el contenido. En política, muchas verdades salen a la luz por intereses cruzados. Lo importante es no confundir el mensajero con el hecho. Si la documentación es falsa, Mata y el gobierno deben demostrarlo. Si es verdadera, la investigación debe avanzar sin contemplaciones. No se puede relativizar una presunta irregularidad porque la filtró un adversario. Tampoco se puede usar la denuncia como arma facciosa y después abandonar la discusión de fondo.

La discusión de fondo es sencilla: Santa Cruz necesita un Estado serio. No un Estado declamado en redes sociales. No un Estado que se indigna cuando el escándalo ya explotó. Un Estado serio exige funcionarios limpios de sospecha, controles previos y sanciones posteriores. Exige que el gobernador no sólo eche al caído, sino que explique cómo llegó ese funcionario a un cargo tan sensible. Exige saber si hubo sumario, denuncia administrativa, revisión de incompatibilidades y pedido de intervención de los organismos de control.

Porque si todo termina en una renuncia o destitución, el mensaje será pobre: se salva la imagen del gobernador, se sacrifica al funcionario y el sistema sigue igual. Eso no es transparencia. Es maquillaje.

Mata debe dar explicaciones públicas. Vidal también. Y no por cortesía institucional, sino por obligación democrática. El Ministerio de Trabajo no puede quedar reducido a una oficina vacante después de un escándalo. Mucho menos en un contexto de conflictividad laboral, presión petrolera y deterioro social. La cartera necesita conducción, legitimidad y autoridad. Pero la autoridad no se improvisa. Se construye con coherencia.

La paradoja es feroz. Un ministro que decía que su función central era asegurar el cumplimiento de la legislación laboral terminó destituido por una controversia ligada, precisamente, a su propia situación laboral y salarial. Es difícil imaginar una contradicción más elocuente.

Santa Cruz no está para sainetes de gabinete. No está para funcionarios que duran tres meses y medio. No está para discursos de transparencia pronunciados después de la filtración. No está para que el Estado sea refugio, trampolín o caja complementaria de nadie.

La salida de Juan Mata debe ser el comienzo de una investigación, no el cierre cómodo de una crisis. Si hubo cobros incompatibles, que se determine quién pagó, quién autorizó, quién omitió controlar y quién se benefició. Si hubo conflicto de intereses, que se diga con todas las letras. Si hubo negligencia política en la designación, que el gobernador Claudio Vidal asuma la parte que le toca.

Porque gobernar no es solamente echar ministros cuando se vuelven indefendibles. Gobernar es evitar que lleguen al cargo quienes nunca debieron ocuparlo.