Santa Cruz y un decreto para las operadoras, no para la gente

El Decreto 59/2026 se promociona como un impulso al federalismo energético y una medida productiva que favorecería a provincias como Santa Cruz. Pero detrás de ese relato, lo que se esconde es un beneficio fiscal que llega a manos de las grandes operadoras petroleras, sin condiciones, sin contraprestaciones y, sobre todo, sin impacto visible en los sectores que más necesitan del Estado.

Mientras se baja la presión impositiva a las compañías que explotan petróleo convencional —con márgenes operativos que ya desearían muchas actividades productivas— la provincia arrastra una crisis profunda en áreas esenciales: el sistema educativo al borde del no inicio de clases, hospitales con recursos mínimos, municipios endeudados hasta el cuello y niveles de empleo público que se sostienen a fuerza de postergaciones y salarios licuados.

Entonces, ¿a quién beneficia realmente esta medida?

La baja de retenciones representa una renuncia directa de recursos para el Estado. Es dinero que no entra. Plata que no va ni a salud, ni a educación, ni a infraestructura. Y lo más grave: se otorga sin exigir nada a cambio. Las empresas que operan los pozos más antiguos de Santa Cruz no están obligadas a preservar empleo, ni a reinvertir lo que ahorran, ni siquiera a sostener volúmenes de producción. Reciben el beneficio por el simple hecho de estar. Punto.

Esto en una provincia que supo sostenerse con la renta petrolera pero que hoy mira desde abajo cómo se esfuman los dividendos mientras los servicios públicos se desangran. En las escuelas se discute si habrá clases. En los hospitales, si habrá insumos. En los municipios, si se llega a pagar sueldos. Y mientras tanto, se legisla para alivianar la carga de quienes siguen extrayendo un recurso no renovable sin devolver nada más que regalías mínimas y promesas repetidas.

El Estado provincial, lejos de cuestionar esta lógica, la celebra. Habla de “reactivación”, de “más trabajo”, de “mejores condiciones”. Pero no hay un solo compromiso escrito, ni una cláusula en el decreto, ni un anuncio concreto que garantice que ese alivio impositivo se traducirá en más bienestar para la gente. Es pura fe en el derrame. Otra vez.

Se instala así un modelo extractivo sin política social. Se premia a los que más tienen y más capacidad de presión ostentan, mientras se abandona a quienes sostienen cotidianamente el tejido social de la provincia. Maestros, enfermeros, empleados municipales, trabajadores informales. Para ellos no hay decreto. No hay alivio. Solo ajuste.

El federalismo energético no puede ser un eufemismo para transferir recursos públicos a actores privados sin control. Si Santa Cruz quiere futuro, necesita otra ecuación: una en la que el petróleo sirva para financiar desarrollo, diversificación y equidad, no para seguir reproduciendo un esquema agotado donde ganan los de siempre y pierden todos los demás.

Porque cuando se legisla para las petroleras y no para las escuelas, cuando se premia a las operadoras y se castiga a los trabajadores estatales, el resultado no es crecimiento. Es profundización de la desigualdad. Es más crisis.

Es, en definitiva, la vieja historia del país que mira al subsuelo esperando un milagro, mientras deja que el presente se desmorone en la superficie.