Reglamentada por resolución y con serios vicios legales, la norma que prometía empleo local expone una política diseñada para fracasar, judicializarse y allanar el camino a la desregulación nacional.
¿Puede una ley que se sabe inaplicable presentarse como un triunfo? ¿Puede una reglamentación que viola competencias federales ser vendida como defensa de la soberanía? En Santa Cruz, no solo es posible: se hace política con eso.
La publicación de la reglamentación de la Ley 90/10 en el Boletín Oficial provincial, lejos de aportar claridad, expuso con crudeza el verdadero carácter de esta norma impulsada por el Gobierno de Claudio Vidal: un dispositivo jurídico precario, ilegítimo en su alcance y funcional a la narrativa oficial, pero no a los trabajadores.
La resolución firmada por el ministro Ezequiel Verbes y el secretario Javier Aravena reglamenta por vía administrativa lo que debería debatirse en la Legislatura. Así se crea un sistema de control laboral alternativo, con registros obligatorios, declaraciones juradas e inspecciones para las empresas que no alcancen el supuesto 90 % de empleo local con residencia comprobada.
Pero la cuestión de fondo no es el cupo, sino el alcance. La reglamentación invade ámbitos que están claramente bajo jurisdicción federal: como el caso de la pesca, donde las tripulaciones se rigen por convenios colectivos nacionales, habilitaciones de Prefectura Naval y regulaciones marítimas que exceden totalmente a la Provincia.
Pretender imponer, desde un escritorio en Río Gallegos, quién debe tripular un buque pesquero, no solo es inviable: es jurídicamente insostenible. Así lo advirtieron desde organizaciones sindicales : la única autoridad con control legal sobre las dotaciones es Prefectura. Todo lo demás es relato.
Y no es un error. Es parte del diseño.
La propia reglamentación admite que la norma no puede cumplirse. Crea un régimen de excepciones que permite contratar personal foráneo si se presenta un “Proyecto de Capacitación 3141”. O sea: el Estado reconoce que no hay trabajadores locales calificados suficientes. Lo admite por escrito. Y aun así impone la ley.
¿Por qué? Porque no se trata de resolver el problema del empleo. Se trata de consolidar una narrativa.
La Ley 90/10 no confronta con el modelo de desregulación laboral de Milei. No impide que el poder económico imponga condiciones. Al contrario: al ser jurídicamente endeble y fácilmente impugnable, habilita que ese modelo avance sin resistencia real.
Mientras hacia adentro se declama “soberanía laboral”, hacia arriba se garantiza gobernabilidad del esquema nacional. Una especie de doble juego político que termina siendo subordinación con disfraz de autonomía.
El componente mediático es esencial: la presentación oficial estuvo plagada de eslóganes, sin análisis de su legalidad, viabilidad ni impacto real. Ningún medio con pauta oficial cuestionó el fondo del asunto. Todo fue repetición de titulares. Nada de debate. Nada de sustancia.
Y así se construye una mentira política: no mintiendo en los datos, sino ocultando las consecuencias.
La peor parte no es la judicialización inevitable, ni el descrédito jurídico. Es la consecuencia estructural: cada norma que se anuncia como soberana y fracasa en la práctica, erosiona aún más la ya débil capacidad provincial de decidir sobre su trabajo, su producción y sus recursos.
La Ley 90/10 no recupera soberanía. La finge. Y al fingirla, la pierde.
No es un error de gestión. Es una decisión política. Administrar el relato mientras el poder real —el que define condiciones laborales, habilita exportaciones y fija salarios— se ejerce en otra parte.
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