El Gobierno de Javier Milei prepara un proyecto que pone en jaque la estructura gremial tradicional mientras propone cambios para el empleo informal.
El Gobierno nacional está en plena confección de una reforma laboral de amplio alcance que no sólo busca flexibilizar ciertos marcos del empleo, sino que, más estratégicamente, propone modificar la relación de poder histórica entre capital y trabajo, y redefine el rol de los sindicatos en la Argentina.
En una declaración reciente, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que el objetivo era “desarticular la estructura sindical”. Esto marca una línea de conflicto explícita: la fuerza gremial, hasta hoy pilar del Derecho del Trabajo argentino, sería objeto de un reordenamiento profundo.
El proyecto incluye ejes como:
Modificación del principio de orden de prelación, que establece que la norma suprema en lo laboral es la ley, seguida por los convenios colectivos nacionales, luego los convenios de rama y finalmente los acuerdos por empresa. Según la reforma, los últimos podrían prevalecer.
Limitación del principio de ultraactividad de los convenios vencidos y del principio de irrenunciabilidad de derechos.
Potencial reducción de fueros gremiales, créditos horarios para delegados, y mayor control de parte del empleador sobre asambleas.
Reforma en la negociación colectiva: se impulsaría pasar de convenios nacionales extendidos a negociaciones regionales o por empresa, lo cual atomizaría la negociación y debilitaría el poder de los gremios nacionales.
El Gobierno argumenta que el mercado laboral argentino está estancado: «Hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo está en la informalidad», afirmó Sturzenegger. Esa afirmación se utiliza como justificación para estos cambios sustanciales.
Pero la crítica viene de sectores sindicales, de la oposición y de expertos en derecho laboral. Señalan que lo que se propone no es simplemente modernizar, sino alterar los mecanismos de representación y negociación colectiva que desde hace décadas dan forma al sistema de protección del trabajador en Argentina.
Una reforma de este tipo no sólo afecta los salarios, las horas, los convenios, sino también el modelo de relaciones laborales: el trabajador asalariado deja de ser considerado el “parte débil” de la relación, y se propone una visión más cercana a la cooperación entre iguales, lo cual implica un cambio de paradigma radical.
Si se aprueba el texto sin modificaciones sustanciales, la estructura sindical tradicional (como la CGT y las federaciones) podría quedar en un papel testimonial, y los acuerdos locales ganarían protagonismo. Mientras tanto, los gremios advierten: “Si es para retroceder, no vamos a negociar”.
En definitiva: no se trata sólo de modificar artículos, sino de cambiar el equilibrio de poder en el mundo del trabajo. Y eso, como sabemos, suele generar conflictividad social, sindical y política.
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