La nueva orden ejecutiva busca desactivar las normas estatales sobre inteligencia artificial sin debate público ni ley del Congreso. Silicon Valley celebra, los estados se preparan para litigar.
Durante décadas, el sistema legal y político de Estados Unidos funcionó como una maquinaria imperfecta pero reconocible: los estados actuaban cuando el Congreso se paralizaba, y los tribunales limpiaban el desorden. En materia de privacidad, antimonopolios, incluso aborto, ese modelo funcionó como un precario contrapeso al poder federal. Con la inteligencia artificial, ese equilibrio se rompe.
La nueva orden ejecutiva de Donald Trump no busca regular la IA. Busca, directamente, impedir que alguien más lo haga.
Invocando la bandera de la "seguridad nacional", la administración decide saltarse la deliberación legislativa y lanza una ofensiva federal contra cualquier intento estatal de regular la IA. No hay Congreso. No hay audiencias públicas. Solo una orden, dictada desde la Casa Blanca, que arma al Departamento de Justicia con el mandato explícito de demandar estados que se desvíen de la línea federal.
Esto no es solo una maniobra administrativa. Es una declaración de principios. Para Trump, la IA no debe regularse en función del bien común o el interés público, sino de la supremacía nacional y el "dominio tecnológico" frente a China. Todo lo demás es un estorbo: los derechos civiles, la privacidad, los controles éticos. Incluso el debate democrático.
Un nuevo frente de guerra cultural: IA vs. Estados
La lógica que estructura la orden es brutal: si un estado aprueba una ley de IA que incomoda a Silicon Valley, el gobierno federal podrá presionar con amenazas judiciales y, peor aún, recortar fondos clave en áreas como conectividad digital. El mensaje es claro: alineate o pagá el precio.
La paradoja es tan evidente como inquietante. El gobierno que defiende la "libertad de expresión" para los modelos de IA, es el mismo que busca silenciar la capacidad de los estados para decidir cómo se protege a sus ciudadanos frente a algoritmos opacos y discriminatorios.
En Colorado, por ejemplo, la ley SB 24-205 obliga a las empresas a evaluar el impacto discriminatorio de sus sistemas de IA. No los prohíbe. No exige resultados. Pide responsabilidad. Para la Casa Blanca, eso es demasiado. Según la orden, estas leyes podrían "obligar a la IA a mentir", porque introducirían “sesgos ideológicos”. Es decir, según esta visión, proteger a una mujer o una persona racializada de ser descartada por un sistema automatizado puede ser considerado censura. Invertir la lógica. Victimizar al algoritmo. Esa es la apuesta.
La Primera Enmienda como blindaje para el sesgo
El uso de la Primera Enmienda como escudo para la industria tecnológica es una jugada audaz y peligrosa. La libertad de expresión existe para proteger a las personas, no a los softwares ni a las corporaciones. Sin embargo, esta orden ejecutiva transforma a los modelos de lenguaje en sujetos de derecho, mientras invisibiliza a quienes sufren las consecuencias de sus decisiones automatizadas.
El caso de Amazon es ilustrativo. Su sistema de selección de personal descartaba sistemáticamente a mujeres por razones de género. La empresa lo desactivó cuando se descubrió. Pero, si la lógica de la orden se impone, intervenir para evitar ese sesgo podría ser visto como una violación a la libertad del modelo. ¿A quién protege la ley entonces?
Consentimiento o control: un falso dilema
El argumento del oficialismo es que la IA se mueve demasiado rápido para esperar al Congreso. Que regular ralentiza. Que hay que actuar ahora. Pero lo que en realidad se está haciendo no es avanzar en la regulación. Es evitarla. Imponerla desde arriba, sin consentimiento, sin debate. Elegir el control por sobre el acuerdo. La unilateralidad por sobre el equilibrio institucional.
Estados como California intentaron actuar ante la inacción federal. Lo hicieron con leyes imperfectas, sí. Pero con procesos abiertos, deliberativos, públicos. El gobierno federal respondió con amenazas y descalificaciones.
Estados Unidos quiere liderar la IA global. Pero un liderazgo que se impone sin escuchar a su propia ciudadanía es un liderazgo hueco. Sin legitimidad. Y tarde o temprano, sin sostenibilidad.
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