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Mié, Feb

Nacional
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Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda se pusieron de acuerdo contra los tres planteos de la Vice y otros incidentes de imputados. La decisión deja el camino libre al jucio oral, que entra en etapa de alegatos. 

En un fallo que más que cantado venía hiperventilado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una serie de planteos de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otros imputados por irregularidades en la investigación de la causa por la adjudicación de obra púbica en la provincia de Santa Cruz y dejó todo listo para el avance de la parte final del juicio oral.

La decisión, como no podía ser de otra manera, fue adoptada por unanimidad por los cuatro jueces del máximo tribunal, es decir Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que de esta manera avalaron la continuidad del juicio oral y público que está próximo a su finalización y quee tiene a la ex presidenta como la principal acusada.

En el expediente, que siguió en su historicidad el paradigma del lawfare, Cristina está acusada de ser "jefa de una asociación ilícita" por las obras concedidas en la provincia de Santa Cruz a la firma de Lázaro Báez. El expediente gira en torno al presunto direccionamiento de esos trabajos viales en beneficio del empresario en aquella jurisdicción.

La decisión de rechazar doce incidentes relacionados al caso fue adoptada por unanimidad ante los pedidos de la defensa de la expresidenta y de otros acusados, que buscaban anular el juicio, que ingresará en etapa de alegatos el próximo 11 de julio. Esta decisión allana el camino para que haya una resolución del proceso para fines de este año.

Este camino seguirá el juicio pese a que días atrás, los peritos contables que analizaron las obras investigadas le dieron un duro golpe al corazón de la acusación. Bajo juramento, declararon los peritos contadores encabezados por el perito oficial de la Corte Suprema, Daniel Antonio Fontana y seguidos por las peritas de la fiscalía, Valeria María Fritella y María Sol Gavela y los de parte Jorge Alberto Bueri, ofrecido por el imputado Raúl Pavesi y José Lucas Gaincerain, por la defensa de Cristina; y rechazaron que hubiera existido sobreprecios y direccionamiento.

Los cuatro supremos resolvieron tres planteos que realizó el abogado defensor de CFK, Alberto Beraldi. El primero porque el Tribunal Oral Federal N° 2 no aceptó toda la prueba que propuso la defensa; el segundo por la intervención en el caso de la Sala IV de Casación Federal; y el tercero porque entendía que el caso ya había sido investigado y cerrado por la justicia de Santa Cruz.

QUÉ DIJO LA CORTE

Los ministros cortesanos focalizaron sus argumentos, con escasa profundidad, en cuatro puntos para rechazar los planteos de Cristina y el resto de los acusados.

- Que "rechaza el agravio referido a la no habilitación de la instancia casatoria para revisar el rechazo del planteo de cosa juzgada, fundamentalmente a partir de la no demostración del requisito de 'identidad subjetiva”', toda vez que la ex presidenta no fue juzgada en sede provincial.

- Que señala una "ausencia de fundamentación suficiente en orden a la demostración de la 'identidad de objeto' entre la causa provincial y la elevada a juicio.

- Que alega "una deficiente fundamentación del recurso al momento de rebatir los fundamentos del tribunal de mérito para rechazar el planteo de falta de acción por cosa juzgada, con sustento en la 'imprecisión' o indeterminación del objeto de la causa tramitada en sede provincial".

- Y, finalmente, que "la parte no demostró que la sentencia apelada sea equiparable a definitiva, a partir de una reseña de los precedentes de la CSJN sobre la cuestión".

LA INVESTIGACIÓN Y LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO

La causa de la Obra Pública en Santa Cruz empezó ni bien inició su mandato Mauricio Macri. Fue por una denuncia de Javier Iguacel, entonces titular de Vialidad Nacional, en base a una auditoría de la Dirección Nacional de ese organismo que ordenó el propio funcionario al día siguiente de asumir en enero de 2016.

Curiosamente, la auditoría solo abarcaba la provincia Santa Cruz y nada más que un puñado de obras. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.

La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras, pero las dos más destacadas y repetidas son el supuesto incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas y, por otro lado, los presuntos sobreprecios.

Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio, incluso testigos y peritos convocados por la Fiscalía y, de hecho, algunos cercanos a la oposición.

Justo Pastor Romero, uno de los dos ingenieros que firmó el informe de auditoría en el que se basa la denuncia que dio inicio a la causa, demolió la acusación en diciembre pasado. “De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas y no construidas. Tampoco que haya defectos constructivos de importancia. Y tampoco se desprende que haya desvíos en certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios”, aseguró el especialista, quien también dijo que jamás consideró que el trabajo que hizo iba a ser usado para una acusación penal.

A Cristina, en otro de los tramos cuestionados de la investigación, se la acusa de haber asignado recursos para solventar las obras cuestionadas. Sucede algo similar, sostinen desde el entorno de la Vicepresidenta, a lo que pasó con la causa del Memorándum con Irán: a CFK la juzgan por decisiones de gobierno en tanto actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación.

Con lo que, interpretan con fortaleza argumental, se le cuestiona son las leyes del Parlamento por las cuales se aprobaron las partidas presupuestarias con las que se lograron solventar las obras. Las calificaciones legales para todos los acusados del caso (entre los que figuran el exministro Julio De Vido, entre otros) son “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”.

En el marco del jucio, Cristina hizo un recordado alegato, en diciembre del 2019 a días de su asunción como vicepresidenta, en una audiencia que se prohibió transmitir por televisión. “Seguramente este tribunal, que es un tribunal del Lawfare, tiene la condena escrita. No me interesa. A mi me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, concluyó aquel día en el final de su testimonio.

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