Cristina Fernández de Kirchner intimó a la Corte Suprema de Justicia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner intimó a la Corte Suprema de Justicia a que de manera “urgente” defina quienes serán los magistrados del alto cuerpo que intervendrán en los recursos por la causa de espionaje ilegal que se habría cometido durante el macrismo, ya que todos los ministros se han excusado.

En esa lìnea, apeló con duros cuestionamientos la decisión de la Cámara Federal que consideró que el accionar de los espías no constituyó una asociación ilícita.

La apelación denuncia una “enorme gravedad institucional” en el desarrollo del proceso que terminó en Comodoro Py. También la inacción de la Corte y apunta a que se declare la nulidad del fallo de la Cámara y al apartamiento de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

“La conducta adoptada por los Sres. Ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dres. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, quienes pese a encontrarse debidamente anoticiados de las irregularidades que se cometían en este expediente y no obstante la gravedad de la situación planteada, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento. De esta manera, al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente”, dice una de las presentaciones de la Vicepresidenta ante la justicia contra la decisión que aniquiló la figura de la asociación ilícita en la causa de espionaje ilegal que tramitaba en Lomas de Zamora y pasó a Comodoro Py.

En un escrito presentado ante la misma Corte por el abogado Carlos Beraldi que representa a Cristina Kirchner, se le hace saber al alto tribunal que se ha impugnado la resolución dictada el 21 de diciembre de 2021, a través de la cual, con el voto de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi se resolvió, entre otras cosas, revocar todos los procesamientos dictados en orden al delito de asociación ilícita.

Solamente se confirmó parcialmente el procesamiento de un reducido número de imputados en orden al delito de la Ley de Inteligencia, disponiéndose la falta de mérito de quienes eran, al momento de los hechos, las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal. La Cámara entendió que hubo “cuentapropismo”.

El abogado de Cristina le hace saber a la Corte que en el recurso de Casación expuso de manera detallada “las sucesivas violaciones a la garantía del juez natural”, como también las “severas arbitrariedades fácticas y normativas en que incurrieron los dos Jueces de Cámara previamente mencionados”, en relación a Llorens y a Bertuzzi.

Además –le dice a la Corte- que informó “todas las circunstancias que rodean al presente proceso, que denotan un caso de extraordinaria gravedad institucional”. Luego pide que de manera urgente se constituya la Corte que deberá intervenir en la causa.

“Toda vez que todos los Sres. Ministros de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación se han excusado en el marco de los recursos de queja deducidos en autos por mi parte -uno de ellos presentado ya más de ocho meses-, respetuosamente solicito a V.E. que, con la urgencia que el caso amerita, se defina quiénes serán los Magistrados que habrán de resolver dichas presentaciones directas, brindándose a éstas, también con la mayor celeridad posible, la respuesta jurisdiccional que corresponde”, dice el escrito presentado por el abogado Carlos Beraldi que representa a Cristina Kirchner.

El letrado también pidió el apartamiento de los jueces Llorens y Bertuzzi, y que el recurso sea elevado a la Sala I de Casación que fue la primera que intervino en el expediente.

En el caso de que el recurso fuera remito a la Sala IV de la Casación, solicitó el apartamiento de los magistrados Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

En el expediente se investiga una organización delictiva con inserción en el Estado nacional, provincial y municipal, integrada por funcionarios públicos de alta jerarquía, agentes de distintas fuerzas de seguridad y miembros de organismos de inteligencia, quienes se valieron de los recursos oficiales a su disposición para montar un enorme aparato de inteligencia ilegal que afectó y puso en peligro el normal funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país.