Marcos Peña estaba al tanto del contrabando de armas

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28
Mar, Sep

Nacional
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El fiscal Navas abrió los canales institucionales diplomáticos para el intercambio de información entre la causa que tramita en nuestro país y la que transcurre en suelo boliviano, en una investigación que tiene complicado a Macri y Bullrich. Una nueva información reveló que el exjefe de Gabinete también fue artífice del envío.

La causa de contrabando agravado a Bolivia sigue sumando nuevos actores y esta vez se agrega el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, quien al igual que Fulvio Pompeo estuvieron al tanto del envío de material represivo a Bolivia según les notificó la mismísima Patricia Burllrich.

Este martes llegó a La Paz el pedido formal del fiscal Claudio Navas al Gobierno de Luis Arce para autorizar formalmente el intercambio de información de las dependencias oficiales de aquel país en la investigación. Desde la misión diplomática argentina ya enviaron el grueso de la documentación hallada allí que apuntala la denuncia que formuló el Gobierno nacional.

Asimismo, en base a la ley 26.004 que aprueba el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscripto en Buenos Aires el 18 de febrero de 2002, el objetivo es acelerar los tiempos del acceso a pruebas documentales y registros que forman parte de la administración pública boliviana.

El fiscal argentino se dirige hacia las dependencias que puedan haber tenido algún tipo de participación en la maniobra de presunto contrabando de armas, como la cartera de Defensa, la Cancillería, la de Gobierno e Interior. Lo que se busca son evidencias que prueben la participación de ex funcionarios de la gestión de facto de Jeanine Añez y que den cuenta de un delito desde la Argentina, durante el final de la gestión de Mauricio Macri.

Por otro lado este martes se transfirió por correo diplomático el grueso de las evidencias que formaron parte de la denuncia del Gobierno nacional y que habían sido detectadas en la embajada, como la carta dirigida al entonces embajador argentino Normando Álvarez García. Una parte de ese material solicitado por la Justicia argentina ya había arribado el lunes. Lo restante llegará hacia fines de esta semana o principios de la otra.

Otro punto que preocupa a la defensa de los implicados es el remito de recepción del material enviado desde la Argentina y recibido por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). En Bolivia, la carga de responsabilidad se focaliza más en la pata local que en la argentina, salvo por la imputación al ex embajador Álvarez García. No se descarta que, conforme avance la investigación, la mirada pueda ampliarse hacia otros funcionarios de la embajada argentina, como el ex agregado militar en la embajada y jefe de la Misión Naval argentina en Bolivia, Miguel Alonso.

En nuestro país, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart declinó el lunes su competencia en favor del juzgado que conduce el juez Alejandro Catania, donde se radicó la primera de las denuncias -la de Eduardo Freiler- sobre el caso. López Biscayart había levantado el párate de la feria para iniciar los primeros pedidos de documentación.

EL ROL DE MARCOS PEÑA

Página 12 reveló que el exjefe de Gabinete de Mauricio Macri estuvo al tanto por parte de informes de Patricia Bullrich, acerca del contrabando de armas a Bolivia para apoyar a los detractores de Evo Morales que terminaron dando el golpe de Estado.

Bullrich autorizó el 15 de noviembre de 2019 la partida del primer contingente de gendarmes del grupo “Alacrán” a Bolivia. Si bien la autorización se firmó ese día, los gendarmes partieron tres días antes a bordo de un Hércules C-130 que aterrizó en el aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Pese al desacople entre la salida efectiva de los gendarmes y la firma de la resolución, hay un dato fundamental en ese documento: es la prueba de que también tuvo participación en todo el procedimiento la Jefatura de Gabinete, que Marcos Peña manejaba con mano de hierro.

Según la resolución, revelada por el programa Conflicto de Intereses de C5N, Bullrich le notificó la partida de los gendarmes a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, que estaba en manos de Fulvio Pompeo. Lo hizo invocando la resolución administrativa 1067 de septiembre de 2016, que establecía el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes para el personal de la Administración Pública Nacional. En su artículo sexto, la resolución establecía que las salidas de agentes estatales debía ser comunicada con anterioridad a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Este documento es parte de la documentación ofrecida a la justicia por el gobierno.

Pompeo es uno de los expertos del macrismo en la cuestión internacional y, de hecho, es actualmente el secretario de Relaciones Internacionales del PRO. En 2018, Macri lo hizo calzarse el traje de asesor nacional en materia de seguridad y lo puso al frente de una mesa en la que se sentaban Bullrich, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad, el entonces canciller Jorge Faurie y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas.

Además, el propio Pompeo había seguido bien de cerca el tema Bolivia, incluso lo exteriorizó más en las redes sociales que Faurie. El 26 de marzo de 2019, Pompeo recibió en la Casa Rosada a Oscar Ortiz Antelo, un empresario boliviano devenido senador por el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Una vez derrocado Morales, Ortiz Antelo fue el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la dictadura de Jeanine Añez. También llegó a ocupar por poco más de dos meses el ministerio de economía del régimen de facto.