Hace 6 días fue ocupado por los docentes el Consejo Provincial de Educación, ante descuentos indiscriminados por días de huelga efectuados por esa cartera educativa y como respuesta a la amenaza de procesar penalmente a los directivos y supervisores que se adhieren al paro.
Fue una respuesta desesperada en un conflicto interminable que busca un diálogo con las autoridades para la devolución de los días de paro, el fin de los aprietes y el establecimiento de una pauta salarial para este año, que hasta ahora es cero %.
La toma fue pacífica, se permitió la salida de todos los empleados y funcionarios del CPE y sin embargo la Presidenta, el Vice y un par de funcionarios más decidieron quedarse en el lugar, para establecer una “pulseada” con los ocupantes. La asamblea docente resolvió entonces que permanezca en el edificio una guardia policial agregada a la seguridad habitual, de modo de dar garantías de que ningún funcionario sería agredido u hostilizado.
Desde entonces estos funcionarios permanecieron en sus oficinas, victimizándose como si fueran rehenes, cuando estaban allí por propia decisión y podían abandonar el edificio cuando lo desearan con el agregado de la protección policial ya mencionada.
En estas condiciones el delirio del Vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, quien ha comparado su situación en el edificio con las detenciones ilegales y las “mesas de tortura de la dictadura”, en una acusación que asimila a los docentes y al Partido Obrero como sus carceleros y “torturadores”.
Muchos docentes y también muchos militantes del PO fueron torturados de verdad en aquellos tiempos y no merecen semejante afrenta, que en aras de levantar una supuesta épica de los K cae en el más notable ridículo. Parece que no alcanzó la comparación de Boudou con San Martín realizada por Vallejos, la compañera de fórmula de Cristina, que ahora estos funcionarios de cuarta se pretenden equiparar a las víctimas del terrorismo de estado.
Desde el Partido Obrero desmentimos todas y cada una de las acusaciones que se realizaron en nuestra contra y en contra de la ADOSAC por parte de las autoridades educativas de Santa Cruz y las consideramos una provocación destinada a profundizar el conflicto que lleva cuatro meses largos sin clases.
La confrontación para imponer el ajuste y congelar los salarios nos revela un kirchnerismo en estado puro, como corresponde a su versión santacruceña, que siempre es más parecida que otras versiones a la original de los 90.
Reclamamos el fin de las dilaciones, el reconocimiento de una pauta salarial que compense la inflación a los trabajadores públicos de Santa Cruz (que es la única provincia que no aumentó salarios en lo que va del año, con excepción del aumento que se otorgaron los funcionarios y hasta la gobernadora a partir de enero pasado).
Responsabilizamos al poder político provincial por la pérdida de clases y también al nacional por no acudir hasta ahora a ayudar en momentos de una crisis histórica de la provincia. Responsabilizamos a ambos gobiernos por utilizar la crisis como instrumento para atacar a fondo los derechos de los trabajadores santacruceños.
Planteamos un DESAGRAVIO tanto al Partido Obrero como a la ADOSAC y especialmente a los compañeros y compañeras que sufrieron vejámenes aplicados por el aparato represivo del mismo régimen capitalista que sostienen Ismael Enrique, Chachi Velázquez y Alicia Kirchner (que justo es recordarlo fue ella misma funcionaria de la dictadura en el Ministerio de Asuntos Sociales que funcionaba en la calle Salta 75 de Río Gallegos)
Finalmente esta madrugada, sin mostrar la orden, encañonando compañeros y disparando en el interior del edificio, la infantería desalojó a los docentes del Consejo provincial de Educación. La violencia represiva e ilegal aplicada completa el cuadro y vuelve a mostrar de qué lado están las víctimas y de qué lado los victimarios en esta historia.