Para defender la mina y la usina hay que tomar distancia de los corruptos y de los ajustadores. En estos días ha estallado en medios nacionales la denuncia del interventor de YCRT, Omar Zeidan, contra Julio de Vido. Un poco tarde llegan estos planteos sobre temas ocurridos hace muchos años y ya denunciados reiteradamente por muchas personas y organizaciones populares.
El Interventor realiza esta denuncia con un doble interés: de un lado hacer un aprovechamiento electoralista del asunto y, del otro, cambiar el eje de la discusión respecto al brutal ajuste que intenta realizar el gobierno nacional sobre los presupuestos de la empresa, la incertidumbre absoluta que existe sobre las inversiones que son necesarias para poner en marcha el complejo minero con la usina, el ataque brutal contra los convenios colectivos de los mineros y empleados de la empresa, los retiros voluntarios y los despidos que viene aplicando con libreto menemista-kirchnerista.
Al kirchnerismo durante los doce años de gobierno nacional así como ahora a Macri y Costa, les conviene mantener una Intervención en lugar de normalizar la empresa con una Ley que organice un directorio con participación de los trabajadores y la comunidad. Los interventores tienen menos control para hacer sus negociados como los hicieron los K y también para aplicar políticas antiobreras y de ajuste como lo está realizando ahora la administración de Cambiemos.
El congreso del carbón reclamó una empresa estatal carboeléctrica pero Cristina Kirchner, desde la presidencia, postergó siempre esa decisión para intentar, a último momento, la aprobación de un proyecto amañado.
El Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT) ha apoyado históricamente la causa de los mineros y la causa de Río Turbio, incluyendo el proyecto original de que se queme carbón en la cuenca para producir electricidad.
Cuando CFK usaba el emprendimiento y la Intervención para distraer fondos, dilatando las soluciones, el PO presentó un proyecto en la Cámara de diputados que reflejaba realmente los reclamos de los trabajadores, pero el PJ-FVS no dio su apoyo. Finalmente nuestros diputados votaron el proyecto que se impulsó a fines del 2015, y que el propio kirchnerismo hizo fracasar en el senado.
Ahora Zeidán-Costa-Macri extorsionan a los trabajadores diciendo que deben aceptar renunciar a derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo o si no va a correr peligro la fuente de trabajo. O cae la BAE, o cae la “Casa –habitación” y los pasajes anuales mientras la empresa se achica con despidos y retiros. Es lo mismo que nos pasaba en los 90, con gobiernos de otro color político.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos la necesidad de defender los convenios colectivos, los puestos de trabajo y comenzar a movilizarnos para que de una vez por todas se presente un plan claro de desarrollo minero y de la usina y se aseguren las inversiones para poner en marcha el complejo.
Planteamos asambleas en todas partes y preparar una gran asamblea comunitaria para organizar el plan de lucha en defensa del futuro de la cuenca y de todos los derechos de los trabajadores, tanto de la empresa como de los compañeros municipales, hospitalarios, docentes, y trabajadores en general.
El Partido Obrero y el FIT nos postulamos para llevar la voz de los trabajadores al Congreso de la Nación. Las elecciones no reemplazan la movilización obrera y popular que es el método principal para defender nuestros derechos. Simplemente desde la izquierda utilizamos la campaña electoral y queremos las bancas parlamentarias para plantear la defensa de los derechos, para denunciar los atropellos, para multiplicar las iniciativas de lucha.
Vamos contra el congelamiento de los salarios provinciales y municipales, por la defensa de los Convenios Colectivos de Trabajo, por el 82% móvil, por una CARBO-ELÉCTRICA ESTATAL, como unidad económica, bajo control de sus propios trabajadores y de la comunidad.
Vamos por la cárcel de los corruptos y reclamamos la apertura de los libros y documentos de la empresa para que sean revisados por una comisión investigadora obrera y popular, que informe al pueblo la verdad de los negociados que se han realizado contra el pueblo.