Mientras CAMBIEMOS pretende la no obligatoriedad del calendario de vacunación, en Santa Cruz apostamos por una salud de calidad, gratuita y para todos
El proyecto de ley presentado por la diputada de Cambiemos Paula Urroz, desató una polémica, siendo que, propone la no obligatoriedad de las vacunas a niños, niñas y adolescentes, habilitando a los padres o responsables de los menores a rechazar la aplicación de vacunas que previenen la meningitis, hepatitis, paperas, tétano, entre otras enfermedades.
A través de la sanción de la Ley 22.909 en 1983, se estableció la vacunación de todos los habitantes de la República Argentina a efectos de protegerlos contra las enfermedades que son prevenibles por ese medio. En su art. 11 se prevé la OBLIGATORIEDAD y GRATUIDAD de la aplicación de vacunas, siendo ésta una política de Estado, cuyo fin, es inmunizar a la sociedad toda contra enfermedades que fueron epidémicas en distintos momentos y lugares de la historia. Fue durante las presidencias de Néstor y Cristina, entre el año 2003 y 2015, que el calendario de vacunación obligatorio se incrementó de 6 a 19 vacunas, garantizando desde el estado nacional la universalidad y gratuidad de las mismas.
Ante esto, Medvedovsky indicó que es “el Estado quien debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual, sería una gran irresponsabilidad dejar a discreción de una decisión individual algo que puede tener efectos negativos en toda la población”.
Sin embargo, a pesar que desde el Gobierno Nacional de Cambiemos, implementan un plan de ajuste en el ámbito de la salud, en Santa Cruz, se sigue trabajando en la exitosa Campaña Provincial de Vacunación en todas las localidades de la provincia, promoviendo el cumplimiento del calendario de vacunación, a través de la visita de profesionales de salud a las escuelas que funcionan como sede de dicha campaña.
La propuesta del Ministerio de Salud y Ambiente, junto con el Consejo Provincial de Educación, brinda la posibilidad de completar los esquemas de vacunación, concientizando además a la población acerca de los beneficios, resaltando la importancia de protegernos a nosotros mismos y a toda la comunidad, “la vacunación evita la diseminación de virus y bacterias previniendo la propagación de posibles epidemias”. Es el Estado quién debe controlar y garantizar su implementación, siendo que el acceso a la vacunación es un derecho humano, reduciendo la mortalidad infantil y colaborando con el acceso igualitario a la salud a todos los ciudadanos, prevaleciendo la salud pública y el interés social sobre el individual, es por ello que, “no podemos dejar a consideración de cada familia, una cuestión de Sanidad Pública que nos compete a todos”.