El Gobierno bonaerense detectó más de diez cláusulas presuntamente ilegales en el ecosistema MELI, Mercado Pago y préstamos personales.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre tras detectar presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión. La empresa podría recibir una multa superior a los $1.800 millones si no adecúa, modifica o elimina las condiciones cuestionadas por la autoridad de aplicación.
La fiscalización fue realizada por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores sobre el sitio oficial de la compañía. El análisis detectó más de diez cláusulas con presuntas infracciones a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, en una revisión que alcanzó las condiciones generales de uso del denominado “ecosistema MELI”, los términos de préstamos personales y el funcionamiento de Mercado Pago para compras y pagos.
Desde la administración de Axel Kicillof indicaron que la fiscalización fue iniciada de oficio, independientemente de la existencia de denuncias individuales. El dato que acompaña la decisión oficial es fuerte: según el Gobierno bonaerense, Mercado Libre es la empresa con más reclamos en la provincia, con 2.396 denuncias individuales sólo en los primeros cuatro meses del año.
La autoridad de aplicación sostuvo que varias cláusulas presentarían abusividad en los términos del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese artículo apunta a condiciones contractuales que generan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores. En este caso, el planteo oficial se dirige contra la letra chica de una plataforma que millones de personas usan todos los días para comprar, vender, pagar, financiarse y mover dinero.
Entre las cláusulas observadas figuran la indeterminación en el cobro de tarifas y la aceptación tácita de modificaciones contractuales. Ese tipo de mecanismos puede dejar al usuario en una posición débil frente a cambios decididos unilateralmente por la empresa: si continúa usando el servicio, se considera que aceptó nuevas condiciones, aunque no exista una negociación real ni una comprensión clara del alcance de esos cambios.
También se cuestiona el traslado de responsabilidad al usuario por uso no autorizado de la cuenta, la compensación entre cuentas, la exoneración de responsabilidad de la empresa por fallas técnicas y la posibilidad de débitos sobre cuentas de terceros ajenos al contrato. En conjunto, esas condiciones podrían desplazar riesgos operativos hacia el consumidor y ampliar la capacidad de acción de la compañía frente a usuarios que, en la práctica, adhieren a contratos cerrados.
El listado incluye además una cláusula de indemnidad a favor del proveedor, la caducidad automática de plazos por incumplimiento futuro indeterminado, la exención anticipada de responsabilidad y la fijación de jurisdicción exclusiva. Este último punto resulta especialmente sensible porque puede dificultar el acceso a la Justicia para consumidores que viven lejos del lugar establecido o que no cuentan con recursos para litigar.
Mercado Libre ya fue notificada y cuenta con cinco días hábiles e improrrogables para presentar su descargo por escrito, además de acreditar personería y domicilio electrónico y físico en la ciudad de La Plata. La empresa también puede formular una propuesta de adecuación, modificación o supresión de las cláusulas observadas para intentar cerrar el expediente.
Si la respuesta no resulta suficiente o si no hay cambios aceptados por la autoridad provincial, la sanción económica podría alcanzar los $1.815 millones. El monto expone la escala del caso, pero la discusión va más allá de una multa. Lo que se debate es hasta dónde pueden avanzar las grandes plataformas digitales en contratos de adhesión donde el usuario tiene poco o ningún margen para discutir condiciones.
Mercado Libre ocupa un lugar dominante en el comercio electrónico argentino. A través de Mercado Pago, préstamos personales, billetera virtual y servicios asociados, la empresa dejó de ser sólo una plataforma de compraventa para convertirse en una infraestructura cotidiana para consumidores, comercios y trabajadores independientes. Esa posición vuelve más sensible cualquier discusión sobre reglas contractuales, responsabilidades y derechos de los usuarios.
La imputación bonaerense abre una pulseada regulatoria de alto impacto. Para el Gobierno de Kicillof, se trata de proteger a consumidores frente a cláusulas que podrían desequilibrar la relación con una empresa de enorme poder económico y tecnológico. Para Mercado Libre, ahora empieza el plazo para defender su posición, corregir condiciones o enfrentar una sanción millonaria.
El expediente también instala una pregunta de fondo sobre la economía digital: cuando una plataforma se vuelve casi indispensable para comprar, vender, cobrar o financiarse, el contrato de adhesión deja de ser una simple formalidad. Se convierte en una herramienta de poder. Y ahí el Estado tiene la obligación de intervenir para que la letra chica no termine convirtiéndose en una trampa para el consumidor.