El RIGI libertario regala unos U$S 1.069 millones de todos los Argentinos

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones tiene un costo que el Poder Ejecutivo eligió no exhibir en el presupuesto nacional. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo cuantificó con precisión:

El costo fiscal anual estimado en régimen de plena producción asciende a aproximadamente U$S 1.069 millones, con un rango que va de U$S 786 a U$S 1.395 millones según el nivel de exportaciones alcanzado.

El régimen otorga beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a proyectos de inversión que superen los U$S 200 millones en activos nuevos. Al 11 de mayo de 2026, el Estado aprobó doce proyectos bajo ese esquema, con una inversión comprometida total de aproximadamente U$S 26.680 millones, según el Informe 145 del Jefe de Gabinete ante el Congreso.

El análisis del CEPA se sostiene sobre metodología estándar de gastos tributarios. El Jefe de Gabinete señaló en ese informe que el presupuesto "no contempla ingresos provenientes de las actividades económicas generadas en el marco del RIGI, con lo cual no hay afectación alguna al equilibrio fiscal". El CEPA, sin embargo, adopta la metodología estándar de gastos tributarios para cuantificar la renuncia recaudatoria efectiva del Estado. Dicho de otro modo: que el gobierno decida no contabilizarlo no hace que el dinero deje de existir.

El impuesto que más pesa

El componente más significativo es el diferencial de alícuota de Ganancias —10 puntos porcentuales, de 35% a 25%—, que genera una renuncia recaudatoria de U$S 545 millones anuales en el escenario base, concentrada en proyectos de alta rentabilidad como el GNL de Southern Energy y Los Azules.

A ese ítem central se suman otros componentes que no son menores. El diferencial de Ganancias representa 545 millones de dólares anuales. A esto se suman 430 millones anuales durante la fase de construcción por la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital y la devolución anticipada del IVA. Las retenciones resignadas a las exportaciones agregan otros 107 millones por año, con impacto principal en los sectores de litio y plata.

Sobre ese último punto, el informe aclara un dato que desnuda las limitaciones del propio régimen:

Para petróleo, gas natural y oro, las retenciones ya eran 0% por norma general antes del RIGI, por lo que el costo fiscal por ese concepto es marginal en esos sectores.
La exención, en esos casos, no suma nada nuevo al incentivo exportador; sólo formaliza lo que ya existía.

La anatomía del costo fiscal

El impacto no es parejo en el tiempo ni entre sectores. El impacto máximo del costo fiscal se espera entre 2029 y 2033. El costo fiscal por IVA pre-operativo y aranceles de importación, en cambio, es más elevado durante los años de construcción actuales, entre 2025 y 2028. Esto significa que el fisco ya está absorbiendo el costo hoy, mientras la producción —y eventualmente la recaudación restante— llegará recién en el mediano plazo.

El peso de YPF en el esquema es, además, determinante. Según el informe, "YPF ocupa un lugar claramente dominante dentro de los proyectos aprobados en el marco del RIGI. La compañía tiene participación directa o un rol protagónico en iniciativas que concentran el 68,5% del monto total comprometido hasta el momento, equivalente a USD 18.267 millones sobre un total de USD 26.679 millones de inversiones aprobadas." Una empresa con mayoría accionaria estatal que se beneficia de exenciones diseñadas, en teoría, para atraer capital privado externo.

Proyectos que ya existían antes del régimen

El argumento oficial para no registrar el costo en el presupuesto es que se trata de inversiones que, sin el RIGI, no se habrían realizado. El estudio del CEPA lo contradice con evidencia concreta. Una parte sustancial de las inversiones aprobadas bajo el RIGI no surgieron a partir de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones ejecutadas o definiciones estratégicas previas a la sanción de la ley. "Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos."

Los ejemplos son elocuentes.

Galán Lithium había comunicado en diciembre de 2023 que comenzaría a producir cloruro de litio en Catamarca al año siguiente. El parque solar El Quemado, de YPF Luz en Mendoza, fue presentado en noviembre de ese mismo año. El oleoducto Vaca Muerta Sur fue anunciado en octubre de 2023. Todos ellos antes de que existiera el RIGI. La pregunta que el gobierno no responde es si el incentivo fiscal fue la causa de esas inversiones o simplemente la coartada para no cobrar impuestos sobre ellas.

El Super RIGI: profundizar lo que ya fracasa en justificarse

Como si la evidencia anterior no alcanzara, el gobierno anunció una versión amplificada del régimen. El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló los lineamientos centrales del denominado "Super RIGI", un nuevo régimen de incentivo a la inversión anunciado por el presidente Milei. La iniciativa apunta a industrias estratégicas que actualmente no se desarrollan en la Argentina, vinculadas a la transición energética.

La principal diferencia con el RIGI vigente será la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas, que pasará del 25% al 15%. Además, el esquema de amortización acelerada será más favorable para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen. Para ponerlo en perspectiva: un asalariado o una pyme que supere determinado umbral de ingresos paga el 35% de Ganancias. Las grandes corporaciones adheridas al Super RIGI pagarán el 15%.

El "SuperRIGI" profundiza los beneficios fiscales otorgados a los grandes proyectos de inversión y amplía el costo fiscal del régimen. La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% implica una mayor renuncia recaudatoria sobre el tributo de mayor peso dentro del costo fiscal total del RIGI.

Si se incorporan los beneficios cambiarios y el costo de la estabilidad fiscal comprometida, el rango total podría llegar incluso a 1.900 millones de dólares anuales.

La defensa oficial descansa en la misma lógica de siempre. "Hay una reducción tributaria, pero esto no implica una pérdida de recaudación, porque hoy estas actividades no se realizan en la Argentina. Es decir, lo que se cobre será un incremento de la recaudación", señaló el tributarista Sebastián M. Domínguez.
El problema es que ese razonamiento ya se usó para justificar el RIGI, y el CEPA acaba de demostrar que al menos siete de los doce proyectos aprobados estaban en marcha antes de que el régimen existiera. El argumento se cae con los propios datos del gobierno.