El texto oficial del acuerdo firmado por Javier Milei, publicado solo en inglés, contradice los anuncios de la Cancillería y deja al país en una situación de sometimiento.
El acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos dejó más preguntas que certezas. Mientras la Cancillería difundió un comunicado celebrando supuestos logros, el texto oficial —publicado únicamente en inglés por la embajada norteamericana— no refleja los beneficios anunciados. De hecho, el documento establece que Argentina asume 113 obligaciones, frente a apenas ocho compromisos mutuos y solo dos responsabilidades exclusivas de Estados Unidos.
La ausencia de una versión oficial en español y las diferencias entre lo comunicado por el Gobierno y lo que efectivamente figura en el acuerdo encendieron críticas desde distintos sectores. En la práctica, el convenio implica una fuerte apertura del mercado argentino y una cesión de herramientas de control y regulación, con retornos limitados.
Uno de los puntos más sensibles está vinculado a los controles sanitarios y técnicos. Argentina deberá permitir el ingreso de mercancías originarias de Estados Unidos que cuenten con la aprobación de sus propios organismos, sin revisiones adicionales. Esto implica que la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) será suficiente para importar medicamentos, alimentos y productos químicos, mientras que el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) habilitará el ingreso de carnes, aves y derivados, sin intervención equivalente de organismos locales como el SENASA.
El sector agropecuario tampoco aparece como beneficiado. El acuerdo fija cupos anuales de productos estadounidenses que ingresarán sin aranceles al país, entre ellos quesos, almendras, pistachos, papas, vino y hasta diez mil automóviles. En contraste, el anunciado cupo de cien mil toneladas de carne argentina libre de aranceles para ingresar a Estados Unidos no figura en el texto. El propio ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, reconoció que se trata de una decisión unilateral de Washington, ajena al acuerdo.
Especialistas en relaciones internacionales coinciden en que el resultado es marcadamente asimétrico. Juan Gabriel Tokatlian sostuvo que no hubo una negociación real, sino una concesión que responde a preferencias políticas coyunturales antes que a intereses estratégicos. En la misma línea, Guido Bambini, del Centro de Economía Política Argentina, advirtió que ni siquiera se logró una mejora relevante en el acceso de productos agrícolas argentinos al mercado estadounidense.
La apertura también alcanza al sector tecnológico. Se eliminan los derechos de importación para computadoras portátiles, cables de fibra óptica y otros insumos, sin cupos, y se prohíbe la creación de impuestos sobre software o plataformas de streaming. Aunque estas disposiciones son recíprocas, en los hechos favorecen a Estados Unidos, principal potencia global en estos rubros.
El acuerdo además otorga un trato preferencial a empresas estadounidenses en áreas estratégicas. Argentina deberá facilitar inversiones en minería, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, y garantizar que las firmas de ese país no reciban un trato menos favorable que las nacionales o las de terceros Estados. Incluso se establece que deberán ser notificadas prioritariamente ante licitaciones vinculadas a petróleo y minería.
Otro punto controvertido es el grado de supervisión externa. El texto limita la posibilidad de imponer impuestos que puedan ser considerados discriminatorios para empresas estadounidenses y alienta a Argentina a replicar medidas comerciales o fronterizas que Estados Unidos adopte por razones de seguridad nacional. También compromete al país a cooperar de manera consistente con las sanciones y controles comerciales definidos por Washington.
En materia energética y nuclear, se fijan restricciones explícitas para la compra de reactores, combustible o uranio enriquecido a determinados países, con una clara referencia a China y Rusia. A su vez, Argentina se compromete a no subsidiar a sus empresas públicas de forma que “distorsione el comercio internacional” y a brindar información detallada sobre las asistencias estatales si así lo solicita Estados Unidos.
Del lado de los beneficios, el balance es exiguo. Algunos productos como té, mate, frutas tropicales, jugos y café podrían ingresar sin aranceles al mercado estadounidense. En otros casos, como acero y aluminio destinados a la aviación civil, solo se mantiene el arancel estándar del 10%, sin mejoras sustanciales. Julieta Zelicovich, investigadora de Fundar, remarcó que muchos de los bienes incluidos no forman parte de la canasta exportadora argentina.
Las críticas también apuntan al proceso político. Tokatlian señaló que no existieron consultas con empresarios, trabajadores ni actores políticos potencialmente afectados, y que la falta de debate público dejó al descubierto la debilidad de los mecanismos de control democrático.
Según el propio texto, el acuerdo deberá ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso y entrará en vigencia sesenta días después del intercambio de notificaciones formales. Cualquiera de las partes podrá rescindirlo, aunque con un preaviso de seis meses. Hasta entonces, el debate recién empieza, con un documento que, lejos de despejar dudas, expone un esquema de apertura profunda y beneficios limitados para Argentina.
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