La edil sostuvo que la retención de fondos al Concejo Deliberante configura un avance sobre la autonomía institucional y una forma de violencia política.
La concejal de El Chaltén Elizabeth Romanelli denunció al Ejecutivo municipal por la retención de fondos correspondientes al presupuesto del Concejo Deliberante y acusó al intendente de ejercer violencia institucional al intentar condicionar la actividad legislativa. La edil sostuvo que el conflicto no se limita a una discusión administrativa, sino que involucra la autonomía de un poder del Estado local.
A un día de la movilización por el Ni Una Menos, Romanelli decidió hacer pública una situación que, según afirmó, viene denunciando desde hace meses sin obtener respuestas formales. Este jueves presentó una tercera nota reclamando explicaciones por la retención de recursos y advirtió que el Ejecutivo municipal está utilizando fondos públicos de manera discrecional para interferir en el funcionamiento del Concejo.
“No estamos hablando de viáticos. Estamos hablando de la autonomía de un poder del Estado y de la utilización discrecional de recursos públicos para condicionar la actividad legislativa”, afirmó la concejal.
La denuncia apunta directamente al intendente, a quien Romanelli acusa de arrogarse facultades que no le corresponden. Según explicó, los gastos observados habían sido autorizados previamente por la Presidencia del Concejo Deliberante y correspondían a actividades institucionales vinculadas al ejercicio de la función legislativa.
“Lo grave no es solamente que retengan fondos. Lo grave es que el intendente pretende decidir qué actividades son legítimas y cuáles no, cuando esa no es una atribución del Ejecutivo. Para eso existe un presupuesto propio y autoridades elegidas democráticamente dentro del Concejo”, sostuvo.
Entre las actividades cuestionadas figura la participación de Romanelli en el 8° Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina, realizado en el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos en el marco del programa Legislaturas Conectadas. Ese espacio federal reúne a representantes legislativos de distintos puntos del país para intercambiar experiencias y debatir políticas públicas. Durante las jornadas se abordaron temas como salud mental, movilidad urbana y concejos deliberantes de cercanía.
También fueron observadas su participación en el Encuentro de Legisladores y Legisladoras de Santa Cruz, realizado en Río Gallegos con convocatoria abierta a representantes de distintos espacios políticos, y su asistencia al 3° Foro Feminista Contra la Crueldad “Trinchera”, un ámbito de debate sobre derechos humanos, género y políticas públicas.
Romanelli remarcó que esas actividades no son nuevas ni excepcionales. Recordó que ya había participado en años anteriores tanto de encuentros de Legislaturas Conectadas como de ediciones previas del Foro Trinchera, sin que el Ejecutivo realizara objeciones. Para la concejal, el cambio de criterio no responde a una evaluación administrativa, sino a una decisión política.
“Las invitaciones fueron presentadas oportunamente y las autorizaciones fueron firmadas por la Presidencia del Concejo Deliberante. Si ahora se pretende desconocer esas actividades por supuestas razones políticas, entonces quien está haciendo política partidaria con los recursos públicos no es el Concejo, sino el propio Ejecutivo”, señaló.
La edil agregó que, mientras sus reclamos formales siguen sin respuesta, recibió una comunicación informal de un funcionario municipal que le habría indicado que los pedidos no serían reconocidos por “cuestiones políticas”. Para Romanelli, esa explicación confirma la existencia de un criterio discrecional en el manejo de los fondos.
“La respuesta oficial nunca llegó. Lo que llegó fue una explicación informal que confirma exactamente lo que venimos denunciando: que las decisiones se están tomando en función de criterios políticos y no institucionales”, expresó.
La concejal también encuadró la situación como un caso de violencia institucional con perspectiva de género. Según planteó, el Ejecutivo desconoce decisiones adoptadas por la Presidencia del Concejo Deliberante y avanza sobre competencias propias del ámbito legislativo, en un escenario donde dos mujeres ocupan responsabilidades institucionales y ven ignoradas sus decisiones.
“Estamos hablando de dos mujeres que ejercen responsabilidades institucionales y cuyas decisiones son ignoradas por quien cree que puede determinar unilateralmente qué se hace y qué no dentro de otro poder del Estado. Eso también es violencia institucional”, afirmó.
La denuncia se inscribe en un contexto de creciente visibilización de la violencia política e institucional contra las mujeres. En ese marco, Romanelli planteó que el problema no afecta solo a una concejal ni a una gestión puntual, sino al equilibrio democrático entre poderes dentro del municipio.
“Las instituciones democráticas funcionan cuando cada poder respeta los límites de sus atribuciones. Cuando un intendente se arroga facultades que no tiene y pretende condicionar el funcionamiento del Concejo Deliberante, lo que está en riesgo no es una gestión particular ni una concejal. Lo que está en riesgo es la calidad democrática de nuestras instituciones”, concluyó.