Mientras Santa Cruz muestra una agenda institucional de seguridad, efectivos activos, retirados y penitenciarios sostienen acampes y reclaman ser incorporados a la discusión salarial.
El conflicto salarial dentro de la Policía de Santa Cruz dejó de ser una protesta acotada y empezó a transformarse en un problema político para el Gobierno provincial. Desde el 26 de mayo, efectivos retirados y activos de la Policía y del Servicio Penitenciario mantienen una carpa frente a Casa de Gobierno, en Río Gallegos, con un reclamo que combina recomposición salarial, reconocimiento institucional y participación real en la mesa donde se discuten los ingresos de la fuerza.
La escena tiene un contraste difícil de disimular. Mientras la conducción policial y el Ministerio de Seguridad muestran capacidad para organizar el Primer Foro Patagónico de Seguridad Pública, con delegaciones de varias provincias, fuerzas federales y especialistas en delitos complejos, una parte de la propia fuerza sostiene una protesta en la calle. La provincia se presenta hacia afuera como anfitriona de una agenda regional sobre narcotráfico, ciberdelito, búsqueda de personas y protección de infraestructura estratégica, pero hacia adentro arrastra una fractura salarial y representativa que sigue sin resolverse.
El reclamo no se limita a la capital provincial. Tras una asamblea reciente, los manifestantes resolvieron profundizar las acciones y el conflicto empezó a expandirse hacia otras localidades. En Pico Truncado se instaló una carpa frente a la Comisaría Primera, con adhesión de la Comisaría Segunda, la Comisaría de la Mujer y Bomberos. En Las Heras, según la información disponible, la totalidad de los efectivos se declaró autoconvocada. El dato marca un salto en la intensidad del malestar: ya no se trata solo de un grupo concentrado en Río Gallegos, sino de una señal de descontento con ramificaciones en el interior.
El eje del reclamo es salarial, pero el fondo también es político. Los autoconvocados cuestionan que el Gobierno haya convocado a la Asociación Civil Policial y al Centro de Retirados al Consejo del Salario, mientras ellos quedaron afuera pese a asegurar que cumplieron con todos los requisitos administrativos. Esa exclusión es uno de los puntos que más irritación genera entre los manifestantes, porque los deja sin voz formal en una instancia decisiva.
La reunión del Consejo del Salario fue fijada para el 10 de junio a las 09:00 en la Jefatura de Policía de Río Gallegos, según una nota oficial del 2 de junio emitida en respuesta a la Asociación Civil Policial. Sin embargo, la convocatoria no alcanza para ordenar el frente interno. Para los sectores autoconvocados, la discusión salarial nace condicionada si no incorpora a quienes vienen sosteniendo el reclamo en la calle y en las dependencias del interior.
El Gobierno enfrenta así una contradicción sensible. Por un lado, busca fortalecer el perfil institucional de la fuerza y proyectar una agenda patagónica de seguridad. Por el otro, no consigue descomprimir una protesta que involucra a personal activo, retirado y penitenciario. En términos políticos, la foto es incómoda: mientras se habla de amenazas estratégicas, terrorismo, narcotráfico y ciberdelito, el conflicto básico por los salarios y las condiciones de representación sigue abierto en la puerta de Casa de Gobierno.
La conducción policial tampoco queda al margen del problema. El jefe de la fuerza, comisario general Diego Agüero, destacó el carácter inédito del foro regional y confirmó la presencia de autoridades de las provincias patagónicas y La Pampa. Pero esa agenda institucional convive con una demanda que interpela directamente a la estructura de mando y al Ministerio de Seguridad: cómo sostener disciplina, funcionamiento operativo y legitimidad interna cuando una parte de la fuerza se siente excluida de la negociación salarial.
El conflicto, además, aparece en un contexto económico complejo para los trabajadores estatales de Santa Cruz. Aunque el reclamo policial tiene particularidades propias, se inscribe en un clima más amplio de pérdida de poder adquisitivo y tensión salarial en distintos sectores públicos. En ese marco, la demanda de los efectivos no se agota en un aumento: también expresa desconfianza sobre los canales formales de negociación y sobre quiénes están habilitados para representar el malestar de base.
La instalación de carpas frente a dependencias públicas y policiales es un gesto fuerte. En una institución verticalista, donde la protesta suele estar atravesada por límites normativos y jerárquicos, la autoconvocatoria tiene un peso político evidente. Expone que los mecanismos internos no alcanzaron para contener la demanda y que el reclamo ya encontró formas de visibilización por fuera de los carriles tradicionales.
La fecha del 10 de junio aparece como un punto de tensión. Si la mesa salarial no ofrece respuestas concretas o si mantiene afuera a los sectores autoconvocados, el conflicto podría profundizarse. El riesgo para el Gobierno no es solo administrativo: una protesta policial extendida erosiona autoridad, abre interrogantes sobre la conducción de la fuerza y deja al descubierto una contradicción entre el discurso de seguridad pública y las condiciones materiales de quienes deben sostenerla.
Santa Cruz tiene por delante una discusión que no se resuelve con actos institucionales ni con diagnósticos generales. El reclamo salarial de la Policía y del Servicio Penitenciario exige una respuesta política clara, porque ya superó la etapa del malestar silencioso. La fuerza que el Gobierno exhibe como parte de una agenda patagónica de seguridad también reclama ser escuchada puertas adentro. Y esa tensión, si no encuentra una salida, puede convertirse en uno de los conflictos más sensibles de la gestión.