El proyecto de Milei elimina el límite del 15% a la propiedad extranjera y organizaciones advierten por el riesgo sobre territorios estratégicos, recursos naturales y comunidades locales.
El Senado tratará el próximo jueves un proyecto de ley que puede modificar de manera profunda el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina. La iniciativa elimina el límite del 15% a la venta de tierras a personas y empresas extranjeras, una restricción establecida por la Ley 26.737 para frenar el avance de la extranjerización del territorio nacional.
La discusión excede largamente una cuestión inmobiliaria. Organizaciones ambientales, científicas y comunidades originarias advierten que la reforma puede comprometer la soberanía, facilitar la compra de zonas estratégicas y dificultar todavía más el acceso de poblaciones locales a sus propios territorios. En un país con recursos naturales valiosos, agua, minerales, bosques, producción agropecuaria y zonas de frontera, la tierra no es sólo un activo económico: es poder territorial.
El caso de Lago Escondido vuelve a aparecer como emblema de ese riesgo. En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodean ese espejo de agua en Río Negro, al pie de la Cordillera y a apenas 6 kilómetros de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la Ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 kilómetros de la frontera.
Desde entonces, el conflicto se convirtió en símbolo de la tensión entre propiedad privada, acceso público y soberanía. Lewis cercó tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado, y durante casi dos décadas litigó para evitar la apertura de un camino público hacia el lago. Tres años atrás, el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran llegar al lago tendrían que hacerlo por la montaña.
Lago Escondido no es un caso aislado. Según un informe del Observatorio de Tierras citado en el texto base, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, eso supera los 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente al tamaño de Inglaterra, el país de origen de Lewis.
El proceso de extranjerización se aceleró en los años 2000, con el boom internacional de los alimentos, el aumento del valor de la tierra y una devaluación que facilitó la compra por parte de capitales extranjeros. En ese contexto, el Congreso sancionó en 2011 la Ley de Tierras Rurales, que estableció un límite del 15% a la propiedad extranjera y fijó restricciones sobre zonas sensibles.
Ahora, el Gobierno busca desmontar ese andamiaje. El proyecto lleva el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y es impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. La iniciativa incluye modificaciones en distintas normas, como la flexibilización de restricciones sobre terrenos incendiados en la Ley de Manejo del Fuego y trámites sumarísimos para desalojos en el Código Civil. Pero uno de sus puntos más delicados es el cambio sobre la Ley de Tierras Rurales.
Sturzenegger defendió la reforma con un argumento económico: sostuvo que, si se eliminan los límites a la propiedad extranjera, podrían ingresar capitales por más de 15.000 millones de dólares. En una jornada organizada por Confederaciones Rurales Argentinas, llegó a comparar la Ley de Tierras con el impacto que, según su mirada, tuvo la Ley de Glaciares sobre la minería. Para el Gobierno, las restricciones bloquean inversiones. Para sus críticos, protegen territorios estratégicos.
No es la primera vez que Milei intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió, incluyó su derogación dentro del DNU 70/2023. La Justicia frenó ese capítulo tras una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que advirtió que la eliminación de la ley liberaba el mercado de tierras y habilitaba dinámicas latifundistas contrarias a la integridad territorial y la soberanía nacional.
El problema no era sólo la eliminación del límite del 15%. La ley también prohíbe la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como aquellas que contienen cuerpos de agua permanentes o se encuentran en zonas de seguridad de frontera. Además, creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, una herramienta destinada a conocer la titularidad de tierras provinciales y controlar el proceso de extranjerización.
Suspendido el intento por decreto, el Gobierno volvió con una vía legislativa. Y esta vez la negociación con los gobernadores aparece como el punto decisivo. Luego de resistencias en el Senado, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aceptó incorporar cambios para reunir apoyos. Entre ellos, se agregó un artículo que establece que cada provincia conservará jurisdicción plena sobre su territorio conforme a la Constitución Nacional.
Bullrich presentó ese giro como “federalismo puro y duro”: si una provincia quiere poner límites o no a la venta de tierras, será decisión provincial. El argumento cambió el eje del debate. La defensa inicial de la llegada de capitales extranjeros quedó envuelta en una bandera federal. Pero para las organizaciones críticas, el riesgo sigue intacto: trasladar la decisión a gobernadores puede facilitar acuerdos provincia por provincia, especialmente en territorios ricos en recursos naturales.
El antecedente de la Ley de Glaciares pesa en la discusión. Allí también el Gobierno buscó dejar en manos de las provincias decisiones sobre zonas estratégicas. En el caso de las tierras rurales, la preocupación es que la eliminación del marco nacional debilite una protección común y abra la puerta a ventas fragmentadas, negociadas según las necesidades fiscales o políticas de cada distrito.
La socióloga Julieta Caggiano, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, advirtió que ya existe una presión fuerte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos del territorio argentino. Según explicó, si la Ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra podría dispararse y hacer todavía más difícil el acceso para productores locales que sostienen economías regionales. El peligro, señaló, es que los enclaves extractivos impidan que la población local use esos espacios.
El peronismo advierte que, con el apoyo de los gobernadores, Bullrich podría conseguir la media sanción el próximo jueves. Desde ese sector señalan que el proyecto puede habilitar la compra de tierras estratégicas por empresas extranjeras y que la reforma responde a una lógica de apertura sin límites, donde el territorio argentino queda subordinado al interés de grandes capitales.
La discusión de fondo es brutalmente concreta. Para el Gobierno, liberar la compra de tierras es una forma de atraer inversiones. Para sus detractores, es entregar capacidad de decisión sobre agua, frontera, producción, recursos naturales y acceso al territorio. La diferencia no es técnica: es una concepción opuesta sobre qué significa soberanía.
El caso de Lago Escondido muestra lo que puede ocurrir cuando la propiedad privada se impone sobre el acceso público y la planificación territorial. Un lago rodeado por tierras privadas, un camino bloqueado, años de litigio y una disputa que todavía condensa una pregunta incómoda: ¿de quién es realmente el territorio cuando el poder económico puede comprarlo, cercarlo y administrarlo como propio?
El Senado discutirá mucho más que una modificación legal. Discutirá si la Argentina mantiene una política nacional para cuidar su tierra o si abre una etapa de mayor concentración, extranjerización y fragmentación territorial. En un país endeudado, con provincias urgidas de recursos y un Gobierno nacional decidido a desregular, la tierra aparece otra vez como botín.