Guzmán y Garrido votaron para favorecer un negocio de casi 2.000 millones de dólares

En Santa Cruz, donde el frío no es una metáfora ni una estadística de escritorio, la energía forma parte de las condiciones básicas de vida. Por eso, el voto de los diputados nacionales Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, encendió una alarma política: ambos acompañaron el Capítulo II del proyecto de modificación del Régimen de Zona Fría, una iniciativa que puede derivar en facturas más caras para miles de hogares patagónicos y que, al mismo tiempo, habilita un mecanismo de "alivio financiero" para distribuidoras eléctricas endeudadas con CAMMESA.

La votación oficial de la Cámara de Diputados registra a los dos legisladores santacruceños con voto afirmativo en ese tramo del proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara baja y girado al Senado. El punto no es menor: en una provincia donde calefaccionar una vivienda no es un lujo sino una necesidad elemental para atravesar el invierno, cualquier modificación que afecte el costo de la energía tiene impacto directo sobre el bolsillo de las familias.

Pero el capítulo energético no sólo abre la puerta a un posible encarecimiento tarifario. También contiene una ingeniería técnica que puede terminar beneficiando a grandes distribuidoras eléctricas. El artículo 4 del proyecto establece un mecanismo para que el Estado nacional determine diferencias entre los ingresos que distribuidoras y transportistas bajo jurisdicción federal efectivamente percibieron durante los años de emergencia tarifaria y los ingresos que, según sus contratos de concesión, les hubieran correspondido si esos contratos se hubieran aplicado plenamente.

Dicho en criollo: el Estado podría reconocerles a las empresas un crédito por lo que dicen haber dejado de cobrar durante años de tarifas congeladas o reguladas. Luego, ese crédito se aplicaría a cancelar obligaciones que esas mismas distribuidoras mantienen con CAMMESA, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista.

La palabra “condonación” no aparece escrita en el texto. El proyecto habla de diferencias de ingresos, créditos eventuales, compensaciones y cancelación de obligaciones. Pero la discusión de fondo no cambia por el maquillaje técnico. Si una empresa tenía deuda con CAMMESA y, gracias a un crédito reconocido por el Estado, deja de deberla total o parcialmente, el efecto práctico se parece demasiado a un perdón.

La comparación con los usuarios es brutal. Una familia que se atrasa en la factura recibe intereses, intimaciones y puede terminar con el servicio cortado. Una distribuidora que acumula deuda, en cambio, encuentra en el Congreso un mecanismo sofisticado para compensarla con supuestos ingresos no percibidos. Para los hogares, disciplina tarifaria. Para las empresas, ingeniería financiera.

Ahí está la dimensión política del voto de Guzmán y Garrido. No acompañaron una simple modificación técnica ni un artículo perdido en un paquete energético. Votaron un esquema que, por un lado, puede endurecer el costo de la energía en regiones frías y, por otro, abre una puerta de salida a deudas empresarias acumuladas con el sistema mayorista.

CAMMESA ocupa un lugar central en esta trama. Es la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad. Las distribuidoras compran allí la energía que luego venden a usuarios residenciales, comercios e industrias. Cuando no pagan, acumulan deuda. Lo que ahora se propone es que esas deudas puedan reducirse o cancelarse con créditos reconocidos a favor de las propias distribuidoras.

La Política Online publicó que el Gobierno busca permitir que distribuidoras descuenten de sus deudas con CAMMESA los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario, y habló de un monto de 1.842 millones de dólares. Transporte y Energía también informó que el proyecto permitiría descontar deudas con CAMMESA a partir de esos ingresos no percibidos, y describió el esquema como un perdón de deuda por la misma cifra.

Los nombres señalados en la discusión nacional no son marginales. Medios especializados mencionan a Edenor, Edesur y al Grupo DESA, que agrupa distribuidoras como EDEN, EDES, EDEA, EDELAP y EDESA, entre las empresas que podrían quedar en el centro del beneficio. Es decir, mientras se le pide a la sociedad que pague más y acepte el “sinceramiento” tarifario, el sistema político discute cómo ordenar el pasivo de grandes compañías eléctricas.

La defensa oficial o técnica podrá sostener que no se trata de una condonación, sino de una compensación entre créditos y deudas. Pero esa explicación no alcanza para clausurar el debate público. Porque el problema no es solamente contable. Es social, político y tarifario. El mismo Estado que ajusta subsidios y empuja facturas más pesadas para los usuarios podría reconocer a las distribuidoras acreencias millonarias para cancelar lo que deben.

En la calle, el mensaje es claro: hay que pagar el costo real de la energía. En los despachos, la lógica parece distinta: si una empresa no cobró lo que esperaba cobrar durante la emergencia tarifaria, el Estado puede reconocerle esa diferencia y permitirle usarla para saldar deuda. La asimetría salta a la vista.

Santa Cruz tiene razones de sobra para mirar esta votación con preocupación. La Patagonia no consume energía como una comodidad de temporada. La necesita para vivir, calefaccionarse, trabajar y sostener actividades básicas durante buena parte del año. Cualquier incremento en las boletas golpea más fuerte que en otras regiones, porque el consumo energético está atado a una condición climática estructural.

Por eso, la pregunta que queda abierta no es sólo qué votaron Jairo Guzmán y José Luis Garrido. La pregunta es a favor de quién votaron. Si pensaron en las familias santacruceñas que dependen de la energía para atravesar el invierno, o si acompañaron un paquete que combina ajuste sobre usuarios con alivio financiero para grandes jugadores del sistema eléctrico.

El artículo 4 no necesita frases grandilocuentes para ser explosivo. Está escrito en lenguaje técnico, con términos administrativos y fórmulas de cálculo. Pero su efecto potencial es profundamente político: transformar deudas empresarias con CAMMESA en obligaciones compensadas con créditos reconocidos desde el propio Estado.

La contradicción es demasiado evidente. Para las familias, boletas más caras. Para las distribuidoras, una puerta de salida. Para la Patagonia, más incertidumbre. Para Santa Cruz, dos diputados que acompañaron un esquema que debería ser explicado de cara a los usuarios que pueden terminar pagando las consecuencias.

Cuando el ajuste llega a una casa de familia, lo llaman sinceramiento. Cuando el alivio llega a las empresas, lo disfrazan de compensación técnica. Esa es la trama de fondo que el voto de Guzmán y Garrido dejó al descubierto.