Marijuán solicitó datos a más de 30 organismos y entidades financieras, mientras crecen las causas paralelas que golpean al círculo político del Gobierno.
El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó el miércoles 13 de mayo a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa involucra presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.
La imputación suma un nuevo capítulo a la escalada judicial que rodea al núcleo duro del gobierno de Javier Milei. Los hermanos Adorni enfrentan investigaciones penales paralelas por presuntas irregularidades patrimoniales, ambas iniciadas a partir de denuncias impulsadas por Pagano, exintegrante del espacio libertario.
Según la denuncia, Francisco Adorni fue nombrado funcionario público poco después de la llegada de Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023, y asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. A mediados de 2024 fue ascendido dentro de esa estructura, en una designación que generó cuestionamientos por la falta de antecedentes específicos para ocupar el cargo.
Antes de ingresar al Estado nacional, Adorni había desarrollado una trayectoria de más de veinte años en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Luego, mediante la Resolución 543/2025, fue designado representante del Ministerio de Defensa ante el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, el IAF, a partir del 11 de junio de 2025.
Ese nombramiento reviste peso institucional. El IAF administra el pago de unos 300.000 retiros y pensiones, otorga préstamos por miles de millones de pesos y realiza inversiones en el mercado financiero. Tras su designación, Francisco Adorni volvió a solicitar licencia con reserva de cargo en el Consejo de la Magistratura bonaerense, una decisión que contrasta con el discurso oficial contra los privilegios dentro del sector público.
El eje de la denuncia está puesto en el crecimiento patrimonial del legislador. En su declaración jurada de 2024, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción bienes por $43.790.000 y ninguna deuda. En la declaración jurada de 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000. Según la presentación de Pagano, eso representa un incremento del 84% en un año.
La denuncia señala dos movimientos como explicación aparente del salto patrimonial: la incorporación, en noviembre de 2025, del 50% de un Jeep Renegade 2020 valuado en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación completa de un crédito hipotecario cercano a los $60 millones en el plazo de un año. Para Pagano, la compra del vehículo podría justificarse con ingresos de funcionario, pero la cancelación del pasivo hipotecario en tan poco tiempo resulta insuficiente para ser explicada con los ingresos legítimos acreditados.
La defensa de Francisco Adorni rechazó la existencia de delito. Su abogado, Marcelo Peña, sostuvo que se trató de “una omisión” en la carga de datos patrimoniales que luego fue corregida.
Marijuán avanzó con una batería de medidas de prueba. Solicitó informes a más de 30 organismos públicos y entidades financieras, pidió levantar el secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense y requirió datos a ARCA, ARBA, AGIP, Banco Central, Migraciones y Banco Provincia. También pidió información sobre movimientos bancarios, compra de dólares, bienes registrables, viajes al exterior y eventuales vínculos societarios.
La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia deberán informar sobre propiedades registradas a nombre de Francisco Adorni desde 2020, con detalle de porcentajes de titularidad, forma de adquisición y gravámenes. La Inspección General de Justicia deberá responder si integró o integra sociedades comerciales, mientras que la Unidad de Información Financiera tendrá que elaborar un informe de colaboración con datos patrimoniales, financieros, societarios, comerciales y laborales.
La investigación también incluyó una orden de presentación dispuesta por el juez Sebastián Casanello en el Ministerio de Defensa. De allí, los investigadores se llevaron documentación sobre los nombramientos de Francisco Adorni, los cargos que ocupó y el historial de sus sueldos en cada función. Además, Marijuán solicitó al fiscal Franco Picardi una certificación sobre la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, para determinar si Francisco aparece mencionado y en qué carácter.
El frente judicial de Francisco Adorni no termina en su patrimonio. Pagano también presentó otra denuncia penal por presunta administración fraudulenta en torno a un préstamo extraordinario de $40.000 millones que el IAF otorgó al IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, luego reestructurada bajo el nombre OSFA. Según el texto base, esa obra social mantiene una deuda de $220.000 millones con prestadores, suspendió numerosas prestaciones médicas y el envío de medicamentos.
La denuncia pide investigar si la remoción de la anterior presidenta del Directorio del IAF y la llegada de una persona de confianza del Poder Ejecutivo respondieron a razones técnicas o a la necesidad de controlar políticamente un crédito de $40.000 millones cuya regularidad estaba siendo cuestionada. El contexto se agravó con la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado al frente del IOSFA, tras el suicidio del suboficial Carlos Vázquez por falta de atención oncológica en San Juan.
La causa de Francisco Adorni se cruza políticamente con la investigación que involucra a su hermano Manuel, jefe de Gabinete. Ese expediente tramita por separado en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y está a cargo del juez Ariel Lijo, también por presunto enriquecimiento ilícito.
En el caso de Manuel Adorni, la escala es mayor. El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento haber realizado obras por 245.000 dólares en efectivo en una propiedad del club de campo Indio Cuá, registrada a nombre de Bettina Angeletti, pareja del funcionario. Otro declarante, Pablo Martín Feijoo, sostuvo que la compraventa de un departamento en Caballito, escriturada por 230.000 dólares, habría contemplado un pago adicional de 65.000 dólares fuera de la escritura.
La fiscalía de Pollicita también detectó operaciones en plataformas de activos digitales. Informes de más de 20 exchanges, entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, confirmaron movimientos de entrada y salida con BTC, ETH y USDT. Según allegados a la causa citados en el texto base, a los gastos de Manuel Adorni proyectados en 850.000 dólares en efectivo durante los últimos dos años se sumarían al menos 80.000 dólares en movimientos con criptomonedas durante 2024, no incluidos en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El juez Lijo abrió además una línea de investigación sobre tres empresas —Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group— y su relación comercial con +BE, la consultora de Bettina Angeletti. El vínculo de esas firmas con el Estado agrega sensibilidad política: Datco presta servicios tecnológicos a organismos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas, mientras National Shipping figura como una de las principales proveedoras de YPF, empresa estatal en la que Adorni se desempeña como director titular.
En causas por posible enriquecimiento ilícito, el procedimiento tiene una particularidad: se invierte la carga de la prueba. Eso significa que la persona imputada debe explicar cómo construyó su patrimonio y cómo solventó sus gastos. Esa regla convierte las inconsistencias patrimoniales en un punto de presión judicial y política para los funcionarios investigados.
El impacto sobre el Gobierno empieza a medirse también en términos de opinión pública. Según un estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires citado en el texto base, la causa de Manuel Adorni podría compararse con la “foto de Olivos” durante la pandemia por su efecto sobre la imagen oficial. El relevamiento, realizado sobre 4.711 habitantes del AMBA, indica que el 66,5% considera que detrás de las denuncias hay hechos “reales y graves” de corrupción.
El mismo informe ubica la aprobación de gestión en 33,1% y la imagen presidencial en 35,2% positiva contra 59,3% negativa, con un diferencial adverso de 24 puntos. En ese contexto, la investigación contra Francisco Adorni amplifica el costo político del caso familiar y abre una nueva línea de desgaste para la Casa Rosada.
Manuel Adorni aseguró en varias oportunidades que presentaría su declaración jurada el 31 de mayo, al límite del plazo legal. Según trascendió, una de las explicaciones centrales sería la herencia de su padre, con dos bienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado sólo una parte, ya que el resto correspondería a su madre y a su hermano.
Las causas recién comienzan, pero el daño político ya está instalado. El expediente de Francisco Adorni suma nombres, organismos, movimientos patrimoniales y cargos sensibles en el área de Defensa. Al mismo tiempo, se conecta con una investigación de mayor volumen sobre el jefe de Gabinete. En el corazón del gobierno libertario, el discurso contra los privilegios públicos empieza a convivir con preguntas judiciales muy concretas: cómo crecieron esos patrimonios, con qué fondos se pagaron deudas y qué controles tuvo el manejo de áreas estatales de alta sensibilidad.
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