El secretario de Legal y Técnica de Río Gallegos cuestionó el endeudamiento por 600 millones de dólares y defendió la alternativa impulsada por municipios para usar fondos disponibles.
El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, salió a cuestionar con dureza el proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares impulsado por el gobernador Claudio Vidal y pidió a la Legislatura provincial que lo rechace “sin vueltas”. Para el funcionario, la iniciativa no sólo compromete el futuro financiero de Santa Cruz, sino que busca darle aire político a un Gobierno provincial que, según afirmó, llegó a una situación de virtual colapso después de haber dispuesto de recursos extraordinarios sin rendir explicaciones claras.
“El endeudamiento pretendido por Vidal tiene que ser rechazado directamente. No existe un solo argumento serio para darle 600 millones de dólares a un gobierno que ya se gastó todo lo que tuvo a disposición y nunca explicó en qué”, sostuvo Chute, en una definición que profundiza la tensión política alrededor del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El abogado apuntó contra el manejo de los fondos provinciales y enumeró recursos que, según señaló, ingresaron a Santa Cruz durante los últimos meses: los provenientes de la salida de YPF, adelantos de coparticipación, Aportes del Tesoro Nacional y el superávit provincial de 2024. “Estamos hablando de cifras multimillonarias que no aparecieron ni en salarios, ni en obras, ni en reactivación económica. La realidad es que la provincia está destruida y nadie sabe dónde fue la plata”, afirmó.
La crítica de Chute también buscó ubicar el endeudamiento provincial dentro de un marco político nacional. Comparó la estrategia financiera de Vidal con el modelo económico de Javier Milei y Luis Caputo, al sostener que el Gobierno santacruceño pretende tomar deuda para conseguir margen político en el corto plazo. “Quieren hacer exactamente lo mismo: tomar deuda para conseguir aire político y llegar a las elecciones. Es un préstamo político que van a terminar pagando nuestros hijos”, planteó.
Uno de los puntos más cuestionados por el funcionario fue la falta de precisiones sobre el destino del dinero. Según remarcó, el Gobierno provincial habla de obras estratégicas, pero no detalla cuáles serían, dónde se ejecutarían ni cuánto costaría cada una. “Son 600 millones porque se le ocurrió al gobernador. No hay planificación, no hay transparencia y no hay garantías de absolutamente nada”, advirtió.
El secretario de Legal y Técnica también dejó un mensaje directo hacia los legisladores, especialmente hacia quienes se identifican con el peronismo y podrían acompañar el proyecto oficial. “Cualquier diputado que apoye este endeudamiento feroz tiene que dejar de decir que es peronista y decir claramente de qué lado está. No se puede denunciar la mala praxis económica de Caputo y después votar en Santa Cruz una hipoteca igual o peor”, lanzó.
Frente al proyecto del Ejecutivo, Chute defendió la alternativa impulsada por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a jefes comunales de distintos espacios políticos. Entre ellos mencionó a Javier Belloni, Darío Menna, Aldo Aravena, Juan Raúl Martínez, Pablo Anabalón y Antonio Carambia. Esa propuesta busca avanzar con un esquema de financiamiento transitorio a partir de recursos existentes, en lugar de recurrir a una toma de deuda externa de gran magnitud.
Para el funcionario, el proyecto de los intendentes representa una salida “federal, seria y transparente”, nacida desde los municipios, que —según remarcó— son los niveles del Estado más golpeados por la discriminación provincial y por la crisis económica. “Mientras Vidal ajusta y paraliza obras, los intendentes son los que ponen la cara todos los días frente a los vecinos”, señaló.
La discusión por el endeudamiento ya excede el plano financiero y se instaló como una disputa política de fondo. De un lado, el Gobierno provincial busca autorización legislativa para tomar deuda por 600 millones de dólares. Del otro, intendentes y referentes municipales empujan una alternativa basada en fondos disponibles, con criterios de distribución y controles sobre el uso de los recursos.
Chute aseguró que el proyecto de financiamiento transitorio impulsado por los municipios establece controles claros, rendición de cuentas y criterios equitativos de distribución. En ese sentido, sostuvo que la Provincia no necesita hipotecar su futuro, sino utilizar de manera correcta los recursos existentes.
“La plata está. Lo que falta es decisión política para poner esos recursos al servicio de la gente y no de la especulación electoral de un gobierno que ya fracasó”, concluyó el funcionario, en una frase que sintetiza el tono de la ofensiva municipal contra el endeudamiento de Vidal.
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