Cancillería adjudicó $114 millones sin licitación al instituto que dirige la pareja de Federico Sturzenegger para enseñar inglés en el ISEN, donde ya exigen dominio perfecto del idioma.
En medio del discurso oficial que reivindica la “libre competencia” y el achicamiento del Estado, una resolución de la Cancillería encendió una nueva polémica. El organismo adjudicó un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El servicio contratado no pasó inadvertido: se trata de la enseñanza de inglés para el personal del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), el organismo encargado de formar a los futuros diplomáticos argentinos. El detalle que generó ruido es que para ingresar al ISEN se exige acreditar dominio avanzado del idioma a través de certificados internacionales como Cambridge, TOEFL o IELTS, entre otros.
La contratación no se realizó mediante licitación pública sino a través de una Adjudicación Simple por Especialidad. En los considerandos de la disposición se reconoció que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses prevista por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. Esa relación activó la intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación.
Pese a ello, el trámite avanzó. La resolución quedó formalizada bajo la gestión del gobierno de Javier Milei mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25 publicado en el sistema COMPR.AR.
El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por igual plazo. Según trascendió, ese período inferior a un año evitaría eventuales objeciones legales vinculadas al parentesco con un funcionario nacional.
Desde Cancillería defendieron la adjudicación. El titular del área, Pablo Quirno, sostuvo que la AACI presta servicios al Estado desde 2018, cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, y que también habría facturado durante la gestión de Alberto Fernández. “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario”, aseguró, y remarcó que el procedimiento fue revisado por los organismos de control.
En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio”. Sin embargo, el servicio consiste en cursos de inglés, una oferta extendida en numerosos institutos del país y de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de la apertura se registró una única oferta: la de la entidad finalmente adjudicada.
El esquema de pagos prevé un adelanto de hasta el 40% del monto total contra factura y contragarantía, mientras que el 60% restante se abonará en dos tramos del 30% vinculados a resultados y calificaciones finales.
La controversia se da en paralelo a otra intervención pública de Sturzenegger. La semana pasada, el ministro justificó el capítulo de la reforma laboral que habilita a reducir hasta un 50% el salario cuando un trabajador se enferma. En ese contexto, el contrato adjudicado a su entorno más cercano amplificó las críticas.
La disposición fue firmada por la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, Cristina Dellepiane. En la órbita del ISEN también aparecen nombres de peso diplomático, como el exdirector Carlos Sersale y el actual embajador en Tailandia, Claudio Gutiérrez, mencionado en fuentes internas por su intervención administrativa previa.
Mientras el Gobierno insiste en que no hubo irregularidades y que se cumplieron los controles formales, la discusión política ya está instalada. El debate no gira solo en torno a la legalidad del trámite, sino a la coherencia entre el discurso de mercado abierto y una contratación directa millonaria con lazos familiares en el corazón del poder.
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