La histórica fábrica de neumáticos baja la persiana tras 80 años y atribuye su decisión a la apertura de importaciones que pulverizó su competitividad.
La noticia cayó como un mazazo en San Fernando y en todo el entramado industrial argentino: Fate, una de las fábricas de neumáticos más emblemáticas del país, anunció su cierre definitivo tras 80 años de actividad. No habrá concurso preventivo, ni plan de salvataje, ni reestructuración. La decisión es total: liquidación de activos, pago de indemnizaciones según la ley y 920 trabajadores despedidos.
La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, fue explícita en su comunicado. Vinculó la medida a los cambios en las condiciones de mercado, en particular a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei. Detrás de la fórmula técnica hay una realidad concreta: 860.000 cubiertas de origen chino ingresaron en un solo mes al país, inundando el mercado con precios imposibles de igualar para la producción local.
La planta de San Fernando no era marginal. Con una capacidad superior a los 5 millones de neumáticos por año, fue durante décadas un símbolo de desarrollo industrial. Fue pionera en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz argentina y el único productor nacional de radiales para transporte. También supo exportar a Europa, Estados Unidos y América Latina. Nada de eso alcanzó para resistir un esquema de apertura acelerada que, sin escalas ni protección, dejó a la industria nacional compitiendo en condiciones desiguales.
El Gobierno sostiene que la liberalización comercial ordena precios y dinamiza la economía. Pero el caso Fate muestra el reverso de esa apuesta: márgenes de ganancia pulverizados, reducción de jornadas, salarios tensionados y, finalmente, el cierre. Cuando se habla de “eficiencia” o de “reacomodamiento del mercado”, el impacto no es abstracto. Son 920 puestos de trabajo directos y cientos más indirectos los que desaparecen en un distrito que ya arrastra dificultades estructurales.
Desde 2024 la compañía venía advirtiendo sobre la pérdida de competitividad frente a la importación masiva. La respuesta oficial fue profundizar el rumbo. El resultado está a la vista. El mercado no corrigió la asimetría; la profundizó. En un escenario donde el Estado se retira como árbitro y regulador, las empresas locales quedan libradas a una competencia global sin red.
La crisis también erosionó la relación con los trabajadores. Reclamos gremiales por sueldos atrasados, reducción de turnos y deterioro del costo laboral marcaron los últimos meses. El cierre, aunque anunciado en señales previas, no deja de ser un golpe seco.
El empresario Javier Madanes Quintanilla enfocará ahora su estrategia en otros negocios, como los vinculados a Aluar y la producción de aluminio. La lógica empresarial es comprensible: el capital busca rentabilidad donde la encuentra. La pregunta que queda flotando es qué lugar ocupa la producción nacional en un esquema que prioriza la apertura sin amortiguadores.
El discurso oficial reivindica la libertad de mercado como solución universal. Sin embargo, cuando una industria con ocho décadas de historia baja la persiana y casi mil familias quedan en la incertidumbre, el debate deja de ser teórico. El cierre de Fate no es solo un dato empresarial. Es una señal política y social. Es la evidencia concreta de que el modelo económico tiene consecuencias tangibles, y que esas consecuencias se miden en empleos, en barrios y en tejido productivo.
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