Un escándalo ante la Justicia de Estados Unidos y un proyecto para crear dos nuevos permisos de pesca detonaron la crisis política a uno de los referentes de Provincias Unidas, un espacio electoral que se mostraba como transparente y en lucha contra la corrupción.
La provincia de Chubut se encuentra en una tormenta política y productiva. En menos de una semana, se conocieron dos hechos de alto impacto: una denuncia internacional contra el fiscal de Estado Andrés Meiszner por presunto pedido de sobornos y el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para otorgar dos nuevos permisos de pesca que el sector pesquero rechaza con fuerza. Los gremios ya amenazan con paro total e inmediatas medidas de fuerza.
Desarrollo del conflicto
1. Denuncia por sobornos
La empresa norteamericana Red Chamber Co. y su filial argentina presentaron una demanda en California donde afirman que, el 3 de abril de 2025, Meiszner —durante una reunión en el hotel Alvear Art de Buenos Aires con el presidente de la filial Marcelo Mou— solicitó un pago de US$ 6,5 millones en “dinero B” para continuar operando los activos de la ex Alpesca arrendados a la Provincia de Chubut.
Meiszner negó categóricamente las acusaciones: “Jamás participé, autoricé ni toleré ese tipo de prácticas. Esa versión es falsa, carente de sustento jurídico…” afirmó.
El giro es que esta denuncia se produjo a través de la Justicia de EE.UU., lo que complica la imagen internacional de la provincia.
2. Permisos de pesca y paralización de la actividad
Simultáneamente, el gobierno provincial presentó el Proyecto de Ley 131/2025 para ampliar de 40 a 42 permisos para buques fresqueros amarillos (eslora ≤ 21 m) para la temporada 2025/2026.
El sector empresario y los sindicatos lo interpretaron como un beneficio directo —y muy cuestionado— a Red Chamber en plena disputa por la ex Alpesca. Las principales cámaras pesqueras alertaron que el trámite “pone en riesgo la sustentabilidad biológica, la economía provincial y la ética institucional”.
Los sindicatos de la pesca, por su parte, advirtieron que si avanzaba el proyecto aplicarían un paro total por tiempo indeterminado.
3. El trasfondo del conflicto industrial
El origen del choque está en la rescisión del contrato de arrendamiento de la ex Alpesca con Red Chamber por parte del Estado provincial, y la habilitación del ingreso del grupo español Profand. Red Chamber inició demandas tanto en Argentina como en EE.UU.
El nuevo convenio entre el gobierno y Red Chamber anunciaba una inversión de US$ 70 millones para una planta en Trelew. Pero el escándalo por los posibles sobornos y la concesión de permisos disparó la crisis interna.
4. Declaraciones y freno del proyecto
Ante la presión, el gobernador Ignacio Torres evaluó retirar el proyecto de permisos. El secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, informó que se suspendía el trámite “por razones de mérito, oportunidad y conveniencia”.
Las cámaras empresarias valoraron el retiro como un acto de prudencia institucional, e instaron a que se cree una mesa técnica con todos los actores del sector.
Lo que parecía un episodio más en la rutina del sector pesquero se transformó en un escándalo de dimensiones políticas. En Chubut, la pesca no es sólo un recurso: es parte del entramado productivo, del empleo provincial y del poder político. La demanda internacional, los permisos de pesca y la amenaza de paro conforman un cóctel explosivo.
¿Puede recuperarse la gobernabilidad si los actores industriales y gremiales sienten que fueron excluidos? ¿Se repondrá la transparencia luego de una denuncia que alcanza hasta los tribunales de EE.UU? El desafío del gobierno de Chubut es recuperar la calma y reconstruir confianza. Porque si la flota no sale, lo que se detiene no es sólo un barco, es toda una economía regional.
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