Representantes científicos del Conicet denunciaron que el gobierno eliminó la convocatoria a proyectos PICT, dejando sin recursos a miles de investigadores en todo el país. Advierten por el vaciamiento del sistema y la privatización del conocimiento.
La comunidad científica argentina volvió a encender las alarmas. Esta semana, los cinco representantes del área académica en el directorio del Conicet firmaron un documento contundente: repudian la eliminación de las convocatorias PICT, que eran el principal canal de financiamiento de proyectos de investigación en todo el país.
El texto, que no fue acompañado por los representantes del agro, la industria y las provincias, denuncia un giro peligroso del gobierno nacional en su política científica. Las medidas no sólo afectan proyectos ya evaluados y adjudicados (PICT 2022), sino que cierran la puerta a nuevas investigaciones (PICT 2023) y anuncian una modalidad futura orientada únicamente a resultados de mercado, marginando a la ciencia básica.
“Sin presupuesto, no se puede investigar”
En declaraciones a Página/12, el sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades, fue claro: “Desde 2023 no se abría ninguna convocatoria. Y ahora, lo que ya estaba evaluado y listo para implementarse quedó sin efecto”. Según explicó, esto significa que universidades, institutos y equipos científicos pierden los recursos esenciales para sostener la investigación: insumos, equipamiento, movilidad, análisis de laboratorio. “Nosotros no podemos trabajar sin presupuesto y sin recursos”, sentenció.
Los fondos de los PICT provienen de la Agencia I+D+i, brazo ejecutor del Estado para promover la innovación y la ciencia. Y, aunque su incidencia presupuestaria es mínima en términos del PBI, su peso estructural es enorme: es el oxígeno del sistema científico argentino. Sin esos fondos, el Conicet paga apenas salarios básicos y becas, muchas de las cuales están congeladas hace dos años.
“El Estado piensa en bienestar, el mercado en utilidad inmediata”
Pero el trasfondo de la disputa no es sólo presupuestario. Pecheny advirtió que el nuevo modelo de financiamiento planteado por el oficialismo desarticula el ecosistema científico nacional, ya que relega todo a la lógica de mercado. “Las empresas buscan utilidad inmediata. El Estado puede pensar a 20, 30, 50 años”, explicó. ¿El resultado? Una ciencia convertida en negocio, sin margen para exploración, descubrimiento o innovación genuina.
Desde desarrollos matemáticos que encontraron su aplicación medio siglo después, hasta estudios sociales que mejoran tratamientos de salud o políticas de vivienda, la historia demuestra que la ciencia sin horizonte a largo plazo es una ficción peligrosa.
Pecheny fue más allá: “Si todo queda en manos del mercado, no va a haber hospitales de niños, ni ciencia, ni agua potable. Hay bienes públicos que el Estado debe garantizar”.
Becarios, universidades y el vaciamiento federal
El documento también pone el foco en el impacto social y federal de las decisiones del gobierno. Los becarios doctorales y posdoctorales, sobre todo de la Agencia, arrastran dos años de congelamiento en sus estipendios. Y sin proyectos financiados, muchos quedarán en el limbo académico y económico, obligados a abandonar o precarizar su formación.
“Si no hay universidades públicas y activas, no habrá futuros investigadores”, alertó Pecheny. También advirtió que el desfinanciamiento condena a la ciencia a quedar concentrada en dos o tres grandes ciudades, vaciando las universidades del interior y destruyendo cualquier lógica de desarrollo equitativo.
El conocimiento no se privatiza
Mientras el gobierno se llena la boca hablando de libertad, cierra las puertas de la ciencia pública y gratuita, apostando a un modelo que reduce todo a la utilidad inmediata y al interés de unos pocos. Pero sin ciencia básica, sin investigación a largo plazo, no hay salud, ni tecnología, ni educación, ni soberanía posible.
Los científicos lo dijeron sin vueltas: esta decisión atenta contra el futuro del país.
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