Así lo definió Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero y legislador de la Ciudad de Buenos Aires dijo: “El discurso de Mauricio Macri en el CCK fue la enunciación de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores y jubilados de la Argentina. Aunque fue presentado como una cruzada anticorrupción, el plan consiste en lo opuesto: o sea, en la preservación de los superbeneficios y privilegios del capital financiero, los monopolios energéticos e industriales y la burocracia sindical a expensas de la mayoría trabajadora”.
“Macri dijo arremeter contra la pobreza, pero quiere instituir a la precarización como régimen laboral permanente –en eso consiste la reforma que está pactando con la burocracia sindical. En esa línea, le exigió a las provincias que adhieran a las más recientes reformas a la ley de ART, que imponen trabas definitivas al trabajador que quiera litigar en la justicia por los daños de la inseguridad laboral.
“El presidente llamó a un debate “honesto” sobre las jubilaciones, el cual, de ser así, debería colocar en el banquillo a los empresarios evasores y al propio Estado, que redujo los aportes patronales y que acaparó los fondos del Anses para pagar deuda y subsidiar a grupos capitalistas. En vez de ello, Macri prevé “recalcular” hacia abajo la movilidad jubilatoria, para despojar a los jubilados de 100.000 millones de pesos. Y luego, aumentar la edad del retiro”.
El presidente reclamó el ajuste a las provincias, no sin antes exigirles que reduzcan los impuestos provinciales que gravan a los empresarios. Pero como ya anunciaron Vidal y Larreta, esa reducción de ingresos brutos… será compensarán con impuestazos a los vecinos, además de despidos. La escalada oficial tampoco perdonó a la Universidad, a la que Macri consideró con “demasiados” nombramientos, ello, cuando una parte sustancial de su planta docente soporta contratos precarios o trabaja ad honorem.
Macri también alentó a un ajuste y concentración en el régimen de obras sociales, como complemento de la –también anunciada- privatización del hospital pública. La burocracia sindical presente en el acto lo aplaudió, y no sólo por eso: minutos después, se pronunció contra el “excesivo” número de sindicatos, en un llamado a defender el “modelo sindical” del unicato.
La supuesta lucha contra la corrupción, por lo tanto, sólo será la coartada para el despido de trabajadores y la conculcación de derechos laborales y jubilatorios. Pero no tocará a la inmensa corrupción de los monopolios petroleros –a quienes se les han asegurado contratos de gas que triplican el precio internacional del fluído-; a los que se beneficiaron del blanqueo de capitales –y ahora recibirán un indulto similar con el blanqueo laboral-, ni a los usureros de la deuda pública, cuyos comisionistas, integrantes del gabinete nacional, están conduciendo a la Argentina a una nueva bancarrota nacional.
La presencia de gobernadores oficialistas y opositores, incluídos del FPV, así como de sus representantes parlamentarios y dirigentes sindicales, delata el compromiso de fondo de todos ellos con el ajuste anunciado. Es necesario abrir una deliberación de fondo en los sindicatos y lugares de estudio para rechazar este plan de guerra, y oponerle una salida fundada en la defensa incondicional del derecho al trabajo, el salario y todas las conquistas amenazadas.