Mientras residentes y pediatras protestan por salarios de hambre, la ministra de Seguridad les pide paciencia y respalda el ajuste brutal de Javier Milei.
En un país donde los médicos que salvan vidas infantiles deben hacer paro para que les paguen, Patricia Bullrich optó por retórica de bar y frases de marketing. Frente al conflicto salarial que paraliza el Hospital Garrahan, la ministra de Seguridad eligió respaldar sin miramientos el ajuste salvaje del presidente Javier Milei.
“No vale volver a romper el chanchito para tirar la Argentina al vacío”, soltó con sorna, como si los pediatras y residentes que reclaman por sus sueldos fueran responsables del desastre económico que hoy padecen millones. El mensaje fue claro: en el país libertario, los sacrificios son para los de abajo.
El Garrahan —institución símbolo de la salud pública pediátrica— atraviesa una de las peores crisis presupuestarias de su historia. Salarios congelados, falta de insumos, guardias saturadas. Mientras tanto, Bullrich pide “paciencia” y habla de “un tratamiento” para curar al país. Los trabajadores de la salud, en cambio, viven en carne propia la hemorragia de recursos y el desprecio del poder político.
“Estamos en un momento difícil del país que todos lo estamos pasando”, se atrevió a decir la ministra. Pero no es ella quien cobra \$140.000 por mes tras 10 guardias de 24 horas. No es ella quien ve morir pacientes porque no hay recursos. Y cuando se le preguntó por la situación puntual del Garrahan, lo admitió sin tapujos: “No conozco en detalle”.
Su desconocimiento no le impidió igual justificar el recorte presupuestario. Para Bullrich, lo importante es “ordenar las cosas” y “frenar la inflación”, como si eso autorizara el desfinanciamiento de un hospital que atiende a más de 600 mil niños por año.
Peor aún, cerró su sermón con una advertencia velada a quienes se oponen al ajuste: “No todo vale políticamente por ser de otra ideología”. Un mensaje más propio de un régimen autoritario que de una funcionaria democrática. En el país de Milei, la disidencia se paga cara, incluso si viene de quienes sostienen la salud pública con su trabajo precarizado.
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