La senadora por Santa Cruz presentó un proyecto de declaración contra el DNU 340/2025 que habilita buques y tripulaciones extranjeras en detrimento de la industria naval argentina.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 emitido por el presidente Javier Milei reavivó esta semana el debate sobre soberanía, empleo y seguridad en el comercio marítimo argentino. La senadora nacional por Santa Cruz, Alicia Kirchner, presentó un proyecto de declaración para manifestar su “más enérgico repudio” al nuevo régimen, que permite operar en aguas nacionales con buques y tripulaciones extranjeras, dejando de lado la prioridad por la bandera argentina.
“Lo que se promueve es lisa y llanamente el vaciamiento de nuestra Marina Mercante. Pierden los trabajadores, pierde el país, gana la especulación extranjera”, lanzó la senadora en declaraciones parlamentarias.
El decreto —que según el Gobierno busca “modernizar” el sector— flexibiliza la inscripción de buques en registros internacionales, habilita la operación sin control estricto de tripulación nacional y otorga a una Comisión de Garantías la capacidad de limitar el derecho a huelga en actividades calificadas como “esenciales”.
Según el proyecto de Kirchner, esto “constituye un severo retroceso en materia de protección laboral, soberanía marítima y control sobre recursos estratégicos”.
Peligros operativos y retroceso en derechos
“Eliminar figuras esenciales como los baqueanos fluviales y reducir parámetros de seguridad operacional pone en grave riesgo a los trabajadores, a los entornos portuarios y a la ciudadanía en general”, advirtió Alicia Kirchner. Y apuntó que estas reformas “van a contramano de las políticas internacionales que buscan precisamente fortalecer las flotas nacionales”.
La legisladora fue enfática al denunciar la desregulación como un “blanqueo de precarización laboral”: “Estamos permitiendo que el capital transnacional maneje nuestras vías de navegación sin ninguna responsabilidad local ni compromiso con el desarrollo nacional”.
Soberanía, empleo y el rol del Estado
En su intervención, Kirchner destacó que “la apertura indiscriminada al capital foráneo no significa eficiencia, significa dependencia”. Y agregó: “No podemos permitir que se pierdan puestos de trabajo en un sector clave como el naval. Se están cediendo funciones que hacen a nuestra soberanía logística, energética y territorial”.
Desde los gremios del sector ya alertan sobre los efectos inmediatos: alrededor de 15.000 puestos de trabajo podrían verse comprometidos si avanza esta liberalización. “Es un DNU que legaliza el dumping laboral y entrega nuestras rutas fluviales a intereses foráneos”, sintetizó un dirigente de la Federación Marítima Portuaria.
El proyecto ingresado en el Senado buscará sumar apoyo de legisladores del arco opositor y del sindicalismo organizado, que prepara movilizaciones y recursos judiciales para frenar su aplicación.
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