La opacidad en el proceso legislativo y la posible alteración del dictamen después de su votación han desencadenado críticas y preocupaciones sobre la integridad del proceso que condujo a la Ley Ómnibus. Las especulaciones crecen, comparando la situación con la controvertida "Banelco de Milei".
Las inquietudes sobre la falta de transparencia y la posibilidad de manipulación posterior a la votación han llevado a considerar la presentación de una denuncia penal por parte de la Coalición Cívica, encabezada por Lilita Carrió.
El escándalo toma un giro más inquietante, ya que se sospecha que el dictamen fue reescrito horas después de su aprobación en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, y en un lugar fuera del ámbito institucional. Según informes, el documento, votado por 55 diputados, habría sido objeto de cambios continuos en el departamento de Cristian Caram, vinculado a la corriente libertaria.
La reunión clandestina para reescribir el dictamen tuvo lugar en el departamento de Caram en Recoleta, con la participación de líderes de bloques aliados como Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, junto con un grupo selecto de diputados. La comparación con la "Banelco de Milei" surgió, destacando la gravedad de la situación.
Regulaciones cruciales sobre áreas como zonas frías, biocombustibles y retenciones a productos regionales continuaron cambiando a lo largo del día, influenciadas por grupos de presión operando desde el departamento de Recoleta.
La falta de consenso incluso entre los participantes, evidenciada por tensiones como la inclusión de personajes como Sturzenegger, cuestiona la seriedad y legitimidad del tratamiento de la ley. La incertidumbre persiste, ya que el dictamen definitivo aún no se ha cerrado, reflejando la caótica situación que rodea al gobierno de Milei y su vulnerabilidad a influencias externas en la formulación de políticas.
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