Mientras que en el Gobierno de Javier Milei celebran el equilibrio fiscal, los ingresos caen más que el gasto y se profundizan las reducciones en pensiones, programas sociales, subsidios, salarios y obra pública.
El Gobierno nacional volvió a exhibir el superávit fiscal como una de las principales victorias de su programa económico. Durante mayo, el Sector Público Nacional registró un resultado primario positivo cercano a los 1,92 billones de pesos y un superávit financiero de 478.613 millones, luego de pagar los intereses de la deuda.
Pero detrás de esos números aparece una realidad menos celebrada: la recaudación cae con mayor velocidad que el gasto y el equilibrio fiscal se sostiene profundizando los recortes sobre áreas sensibles del Estado.
El dato expone una dinámica circular. La reducción del gasto público contrae salarios, prestaciones, obra pública, subsidios y consumo. Esa menor actividad provoca, a su vez, una caída de la recaudación tributaria. Para conservar el superávit, el Gobierno responde con nuevos recortes.
Es el ajuste alimentándose a sí mismo.
En mayo, el gasto público nacional alcanzó los 12,61 billones de pesos y registró una reducción real interanual del 2,2%. Los ingresos llegaron a 14,53 billones, pero cayeron 4,1% en términos reales, casi el doble que las erogaciones.
La diferencia muestra que el problema fiscal empieza a trasladarse hacia los ingresos. El Estado recauda menos porque la economía interna continúa debilitada y porque algunas decisiones oficiales redujeron deliberadamente determinados recursos.
Entre los tributos que lograron crecer se encuentran Ganancias, favorecido por la liquidación anual de empresas, y Bienes Personales. En cambio, retrocedieron impuestos directamente relacionados con el movimiento económico cotidiano.
El IVA, uno de los indicadores más representativos del consumo y la actividad interna, volvió a caer en términos reales y acumuló su séptimo descenso consecutivo. También bajaron los recursos de la Seguridad Social, vinculados con salarios y empleo registrado, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y los derechos de exportación e importación.
La caída de las retenciones se produjo incluso en un período de fuerte desempeño exportador. La explicación está en la reducción de alícuotas aplicada por el Gobierno a distintos productos, principalmente agropecuarios. La medida benefició a los sectores exportadores, pero resignó ingresos que podrían financiar políticas públicas.
Frente al deterioro de la recaudación, el Ministerio de Economía volvió a profundizar el recorte para preservar el resultado fiscal.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina muestra que, al comparar mayo de 2026 con el mismo mes de 2023, el gasto público nacional cayó 31,5% en términos reales. Dicho de otra forma: el Estado nacional gasta hoy casi un tercio menos que antes de la llegada de Javier Milei.
La pregunta central es dónde se recortó.
Y la respuesta muestra que el peso del ajuste no se distribuyó de manera neutral.
Menos recursos para quienes más necesitan del Estado
Las prestaciones sociales cayeron 9,7% en términos reales frente a mayo de 2023. Dentro de ese universo, las pensiones no contributivas retrocedieron 24,4%.
Estas prestaciones alcanzan a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura suficiente y familias que dependen directamente de la asistencia estatal. No se trata de gastos accesorios, sino de ingresos que en muchos hogares determinan la posibilidad de alimentarse, comprar medicamentos o pagar servicios.
El apartado que reúne distintos programas sociales cayó 49,5%. Allí se incluyen políticas como la Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores y merenderos, programas de acompañamiento y dispositivos destinados a personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
El resultado fiscal, por lo tanto, no surge únicamente de una administración más eficiente. También se construye con menos recursos para sectores que no tienen capacidad de compensar por sí mismos la retirada del Estado.
Tarifas más caras y menos subsidios
Los subsidios económicos se redujeron 74,7% en comparación con mayo de 2023. El recorte energético acumuló una caída cercana al 80% en tres años, trasladando una parte creciente del costo de la electricidad y el gas hacia hogares, comercios e industrias.
En transporte, la reducción alcanzó aproximadamente el 48%, impulsada por el retiro de compensaciones y la decisión del Gobierno nacional de trasladar mayor responsabilidad tarifaria a provincias y municipios.
La consecuencia es conocida: tarifas que aumentan muy por encima de los ingresos y familias obligadas a destinar una proporción cada vez mayor de sus salarios al pago de servicios esenciales.
El Estado reduce el gasto, pero el costo no desaparece. Se traslada al usuario.
La obra pública, prácticamente paralizada
Uno de los recortes más profundos recayó sobre los gastos de capital, vinculados con obras de infraestructura. La caída real llegó al 84% respecto de mayo de 2023.
Detrás de ese porcentaje hay rutas sin mantenimiento, viviendas detenidas, obras de agua y saneamiento suspendidas, establecimientos educativos postergados y proyectos energéticos paralizados.
La obra pública no es solo una partida presupuestaria. También genera empleo, demanda materiales, moviliza proveedores y mejora la infraestructura necesaria para el desarrollo productivo.
Su paralización contribuye al superávit fiscal inmediato, pero deja costos que se acumulan hacia el futuro.
Salarios públicos como variable de ajuste
Los salarios de la Administración Pública Nacional también registraron una reducción real cercana al 23%.
El mecanismo es conocido: los aumentos nominales quedan por debajo de la inflación y el Estado paga salarios que pierden poder adquisitivo mes tras mes. La diferencia se transforma en ahorro fiscal.
La licuación salarial afecta a trabajadores administrativos, científicos, técnicos, médicos, docentes y personal de organismos que prestan servicios esenciales.
También impacta sobre el consumo. Un trabajador con menos poder de compra gasta menos, reduce sus compras y aporta menos recaudación a través del IVA. Así vuelve a comenzar el círculo: ajuste, caída del consumo, menor recaudación y nuevos recortes.
Un superávit destinado a garantizar los pagos de deuda
Para el Gobierno, el equilibrio fiscal es la base de la estabilidad y una condición necesaria para reducir la inflación. También es la garantía de que el Estado contará con los recursos necesarios para afrontar los intereses y vencimientos de la deuda pública.
El problema es que el superávit se presenta como un valor absoluto, sin discutir suficientemente cómo se obtiene ni quién soporta el costo.
En mayo, el resultado financiero positivo se alcanzó después de pagar cerca de 1,45 billones de pesos en intereses. Es decir, una parte central del esfuerzo fiscal se destina a garantizar compromisos financieros mientras se reducen prestaciones, subsidios, salarios y obra pública.
La prioridad queda expuesta: primero el equilibrio y los acreedores; después, las necesidades sociales.
El FMI pide profundizar el mismo camino
El Fondo Monetario Internacional respaldó el rumbo fiscal y recomendó continuar con medidas destinadas a focalizar el gasto social, reducir subsidios energéticos, contener los salarios públicos, seleccionar obras prioritarias y racionalizar las partidas discrecionales.
En el lenguaje de los organismos internacionales, “focalizar” suele significar reducir la cantidad de beneficiarios y endurecer las condiciones de acceso. “Racionalizar” implica recortar. “Priorizar” significa abandonar proyectos que el Estado considera secundarios, aunque puedan ser indispensables para determinadas comunidades.
La receta es, esencialmente, profundizar el mismo camino.
El ajuste que reduce también los ingresos del Estado
El Gobierno sostiene que el superávit permitirá estabilizar la economía y abrir una etapa de crecimiento. Pero los datos fiscales muestran una advertencia: los ingresos están cayendo más que el gasto.
Una economía que consume menos, produce menos, paga salarios más bajos y pierde puestos registrados también recauda menos. En ese escenario, el equilibrio fiscal puede exigir recortes permanentes.
El superávit deja entonces de ser la consecuencia de un crecimiento sostenido y pasa a depender de una contracción continua del Estado.
La discusión no es si las cuentas públicas deben estar ordenadas. La cuestión es qué tipo de orden se está construyendo y sobre quiénes descansa.
Cuando el equilibrio se consigue reduciendo pensiones, asistencia alimentaria, subsidios, salarios y obras, el resultado contable tiene una contracara social concreta.
El Gobierno puede celebrar que gastó menos de lo que recaudó. Pero detrás de esa ecuación hay familias que pagan tarifas más altas, trabajadores que perdieron poder adquisitivo, comunidades que esperan obras detenidas y sectores vulnerables que reciben menos asistencia.
El superávit existe. La pregunta es cuánto ajuste más puede soportar la sociedad para sostenerlo.