El oficialismo no logró los dos tercios necesarios en Diputados y la Ley de Financiamiento Estratégico quedó en suspenso tras una sesión cargada de tensión política.
El gobernador Claudio Vidal sufrió una dura derrota política en la Legislatura provincial. La Ley de Financiamiento Estratégico, que buscaba habilitar al Ejecutivo a tomar deuda por hasta 600 millones de dólares, quedó en suspenso luego de la sesión extraordinaria del 12 de junio. El proyecto volvió a comisión sin votación formal, en una señal contundente: el Gobierno considera prioritaria la herramienta, pero no tiene los votos para aprobarla.
La jornada dejó al descubierto el límite legislativo del oficialismo. En medio de un clima de fuerte tensión política, presión militante y cruces dentro y fuera del recinto, el Ejecutivo no logró reunir los dos tercios necesarios para avanzar con el endeudamiento. Antes de exponer una derrota formal en el tablero, el expediente fue devuelto a comisión.
Según el esquema parlamentario, el Gobierno necesitaba alcanzar 16 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el bloque oficialista solo habría reunido 10 adhesiones, una cifra insuficiente para habilitar una toma de deuda de semejante magnitud.
La oposición marcó posición en contra. Unión por la Patria, la UCR y La Libertad Avanza rechazaron el proyecto, cuestionando tanto el monto del endeudamiento como la falta de precisiones sobre el destino de los fondos, el listado de obras y las condiciones financieras de la operación.
El episodio representa un golpe directo para Vidal, que venía defendiendo la Ley de Financiamiento Estratégico como una herramienta clave para impulsar obras y ordenar la situación provincial. Pero el mensaje legislativo fue claro: no alcanza con declarar la necesidad política de endeudarse; también hay que explicar para qué, cómo, con qué garantías y bajo qué nivel de control.
Tras el traspié, el gobernador salió a denunciar públicamente que existen sectores interesados en desestabilizar su gestión. La respuesta profundizó el enfrentamiento político y elevó la tensión con una Legislatura que, al menos por ahora, no está dispuesta a entregar un cheque en blanco por cientos de millones de dólares.
Desde la oposición, el diputado Carlos Godoy calificó la gestión de Vidal como “irresponsable” y cuestionó que el oficialismo haya intentado forzar una sesión sin contar con los despachos de comisión correspondientes ni con información suficiente sobre el alcance real del proyecto.
El contexto económico y social agrava el escenario para el Ejecutivo. Mientras el endeudamiento quedó frenado, el Gobierno provincial enfrenta el reclamo salarial de la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario. La oferta de un aumento escalonado que llevaría los ingresos a $1.200.000 fue rechazada por los uniformados, que mantienen la presión sobre la administración provincial.
En paralelo, Vidal evalúa gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno nacional para afrontar parte de esa tensión salarial. La señal es política y económica al mismo tiempo: si la Legislatura no habilita el endeudamiento, el Ejecutivo deberá buscar otras vías para conseguir fondos en medio de una caja cada vez más exigida.
El mismo día, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura acordó con el Banco Santa Cruz la no aplicación de descuentos automáticos sobre el aguinaldo de los empleados públicos, en el marco del Programa de Desendeudamiento Provincial. La medida fue presentada como un alivio para los trabajadores estatales, pero también muestra el nivel de fragilidad financiera que atraviesan miles de familias santacruceñas.
La contradicción queda expuesta: mientras el Gobierno busca endeudar a la provincia por hasta 600 millones de dólares, una parte importante de los empleados públicos necesita protección para que el aguinaldo no sea absorbido por deudas bancarias. En ese marco, la discusión por el financiamiento no puede separarse del deterioro salarial, el endeudamiento familiar y la crisis social.
La Ley de Financiamiento Estratégico no quedó sepultada, pero sí herida. El oficialismo necesita sumar al menos dos legisladores más para alcanzar la mayoría agravada. Ese dato convierte las próximas semanas en un escenario de máxima negociación, presión y disputa política.
Vidal no pudo aprobar el endeudamiento en la primera gran pulseada legislativa. Ni la confrontación discursiva, ni la presión militante, ni el grito político alcanzaron para torcer la matemática parlamentaria. La Legislatura le puso un límite al Ejecutivo y dejó una advertencia de fondo: Santa Cruz no puede asumir una deuda histórica sin información clara, control público y consenso político real.
El proyecto volverá a comisión. Pero el costo político ya quedó instalado. El Gobierno quería una herramienta de poder financiero. La oposición lo obligó a explicar. Y la provincia quedó frente a una pregunta central: si Santa Cruz se va a endeudar por cientos de millones de dólares, ¿quién garantiza que esa deuda no termine pagando la gente?