El intendente de Río Gallegos reclamó al Gobierno provincial medidas concretas para reactivar la obra pública y propuso utilizar fondos de UNIRSE.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, respaldó el reclamo de la UOCRA y convocó al gobernador Claudio Vidal a construir una agenda común para recuperar empleo en Santa Cruz. La posición del jefe comunal se conoció luego de que el gremio de la construcción anunciara un plan de lucha por la falta de puestos laborales, especialmente en la zona norte de la provincia.
Grasso cuestionó la ausencia de respuestas del Gobierno provincial frente a la crisis que atraviesan miles de trabajadores del sector y pidió abandonar una discusión centrada casi exclusivamente en el endeudamiento en dólares. En ese sentido, reclamó medidas concretas para reactivar la obra pública y sostener la actividad económica en las localidades más golpeadas.
“Los trabajadores no están pidiendo favores ni subsidios. Están reclamando trabajo. Y frente a esa demanda, la dirigencia política tiene la obligación de dejar de lado las diferencias y construir soluciones concretas, para eso nos vota la gente así que le pido al gobernador que no tenga a los santacruceños de rehén de sus caprichos”, sostuvo.
La semana pasada, el intendente mantuvo un encuentro con representantes del sector en Caleta Olivia, donde compartió la preocupación por la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo vinculados a la salida de YPF y a la falta de reactivación prometida en las áreas hidrocarburíferas.
En ese contexto, Grasso volvió a insistir con una propuesta de su espacio: utilizar los recursos del fideicomiso UNIRSE y distribuirlos de manera equitativa entre los municipios. Según planteó, esos fondos podrían destinarse a financiar obra pública, sostener la actividad económica y acompañar discusiones salariales en localidades que no cuentan con recursos suficientes.
“Le pedimos al gobernador que armemos una mesa de trabajo por la gente que la está pasando mal. Tiene que dejar la extorsión permanente por el endeudamiento en dólares y empezar a utilizar las herramientas que ya tiene a disposición para dar respuestas a los santacruceños”, afirmó Grasso.
El jefe comunal remarcó que la crisis de la construcción no afecta únicamente a los trabajadores directos del rubro. También impacta en el comercio, los servicios y el movimiento económico de cada ciudad, por lo que consideró imprescindible una intervención inmediata del Estado provincial.
Desde su mirada, la obra pública puede funcionar como una herramienta de contención laboral y dinamización económica en un momento de fuerte deterioro. Grasso sostuvo que la experiencia de Río Gallegos demuestra que, aun en un contexto adverso, es posible sostener obras municipales, generar actividad y otorgar aumentos salariales.
“Desde Río Gallegos demostramos que, aun en un contexto adverso, es posible sostener la obra pública municipal, generar actividad económica y otorgar aumentos salariales. Creemos que ese debe ser el camino: administrar con responsabilidad, defender los recursos de Santa Cruz y priorizar siempre el empleo”, señaló.
El reclamo instala nuevamente la discusión sobre las prioridades fiscales de la provincia. Para Grasso, la salida no pasa por tomar deuda externa, sino por activar herramientas ya disponibles y ordenar una respuesta política frente a la pérdida de puestos laborales. La UOCRA, mientras tanto, elevó la presión con un plan de lucha que obliga al Gobierno a dar una señal concreta hacia un sector que viene acumulando incertidumbre.