La Municipalidad de Río Gallegos aprobó un decreto de alivio fiscal para comercios e industrias, con regularización de deudas y suspensión de ejecuciones hasta fin de año.
La Municipalidad de Río Gallegos formalizó un conjunto de medidas de alivio fiscal destinado a comercios, industrias y pymes de la ciudad capital de Santa Cruz. El anuncio se realizó en el marco de una reunión abierta con la Cámara de Comercio, Industria y Afines, y quedó instrumentado mediante un decreto del Ejecutivo Municipal Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
El encuentro estuvo encabezado por el intendente Pablo Grasso, junto al jefe de Gabinete Diego Robles, la diputada nacional Moira Lanesan, los diputados provinciales Eloy Echazú y Agostina Mora, la concejal Soledad Kamu y representantes del sector, entre ellos Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines.
El cronograma de la reunión no fue un trámite protocolar. Fue la respuesta a una situación que ya venía siendo señalada desde el propio Concejo Deliberante.
La tasa de cierre de comercios en Río Gallegos "ha crecido en más de un 100% entre 2024 y 2025, y esa tendencia se profundiza en 2026", según advirtió la presidenta del cuerpo deliberativo, Daniela D'Amico.
El decreto y sus alcances
A través de un decreto del Ejecutivo Municipal Ad Referéndum del Honorable Concejo Deliberante, se dispuso la implementación de un Plan de Alivio Fiscal con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, que incluye regularización de deudas para contribuyentes del sector industrial, comercial y PyME, y planes de pago de hasta ocho cuotas para tributos municipales.
A eso se suman la quita del 100% de intereses resarcitorios, una bonificación del 25% en la tasa de financiación y la suspensión de ejecuciones fiscales durante la vigencia del plan.
Para multas e infracciones, el decreto dispuso planes de hasta doce cuotas, quita del 100% de intereses y una reducción del 35% sobre el monto de la multa.
También se estableció la posibilidad de regularizar vencimientos de obligaciones fiscales corrientes en cuotas sin interés, y se incorporó como medida de incentivo al consumo una hora gratuita de estacionamiento diario con ticket de compra en comercios locales.
Las medidas no surgen en el vacío.
Durante la reunión se abordó la compleja situación económica que atraviesa el comercio local, marcada por la recesión, la caída del consumo y la falta de actualización de ingresos, factores que impactan directamente en la actividad.
El marco provincial tampoco es ajeno a esta dinámica.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la Ley de Emergencia Comercial, una normativa impulsada por la gestión de Claudio Vidal que busca otorgar alivio financiero inmediato a comerciantes y pymes, contemplando la suspensión de ejecuciones fiscales y la implementación de planes de pago especiales en servicios públicos.
El Concejo Deliberante de Río Gallegos adhirió a esa ley por mayoría —la Ley Provincial N° 3.996 de Emergencia Comercial, Industrial y PyME—, con el acompañamiento de los concejales Tobares, Ruay, Rutherford y D'Amico, mientras que los ediles Kamú y Arabena del bloque Unión por la Patria votaron en contra.
Vale consignar que hasta mediados de abril, el contraste entre la capital y otras localidades de la provincia era elocuente: el intendente Grasso se había expresado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de acompañar al sector, pero hasta ese momento no se habían implementado medidas de impacto similar.
El decreto viene a cerrar esa brecha, respecto de otros municipios santacruceños que ya habían actuado.
Lo que pide Grasso y lo que no depende de él
En el intercambio con comerciantes, el intendente Grasso remarcó la necesidad de abordar la crisis de manera integral: "Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, pero necesitamos que la provincia y la Nación acompañen." También afirmó que si fuera necesario impulsar legislación específica, el municipio lo haría.
La declaración tiene doble lectura. Por un lado, expresa una postura de gestión activa ante la crisis. Por el otro, traslada parte de la responsabilidad hacia arriba en la cadena institucional —la provincia y el gobierno nacional—, remarcando así la verdadera responsabilidad de las desiciones económicas.
Lo que está claro es que el comercio riogalleguense no tiene margen para esperar más rondas de diálogo. La quita de intereses y los planes de pago son herramientas concretas. Si alcanzan para revertir una tendencia de cierre que lleva más de un año en ascenso, lo dirán las próximas cifras.
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