Pese a que legisladores frenaron la participación del ex funcionario Ariel Varela en una licitación multimillonaria, la crisis de salud en Santa Cruz sigue sin respuesta. En ese escenario, crecen las críticas al modelo de gestión del gobernador Claudio Vidal.
La polémica licitación para implementar un sistema de telemedicina en Santa Cruz dejó dos escenas bien distintas. Por un lado, la intervención de legisladores opositores y un asesor letrado logró frenar lo que consideraban un caso evidente de conflicto de intereses. Por el otro, quedó al descubierto algo más profundo: la incapacidad del gobierno provincial para resolver la crisis del sistema de salud sin recurrir a la privatización de funciones esenciales.
La denuncia presentada por los diputados Agostina Mora y Eloy Echazú, acompañados por el abogado Gonzalo Chute, fue directa. Apuntaron contra la participación de la empresa VITALMED S.A. en una Unión Transitoria de Empresas que competía por un contrato millonario con el Estado provincial. El problema no era menor: su titular, Ariel Omar Varela, había sido secretario de Salud hasta mediados de 2025, lo que lo colocaba dentro del período de incompatibilidad que establece la ley.
El planteo no quedó en lo declarativo. La presión política y el sustento jurídico surtieron efecto. El propio Ministerio de Salud, encabezado por María Lorena Ross, terminó reconociendo la incompatibilidad y excluyó a la empresa del proceso. Fue una decisión que evitó que un exfuncionario con vínculos recientes con el poder político pudiera beneficiarse de un contrato estatal de entre 5.000 y 5.500 millones de pesos.
Ese fue el límite de lo que la oposición pudo lograr.
Porque la licitación seguirá adelante. El esquema general no se modificó. Y el problema de fondo, lejos de resolverse, quedó aún más expuesto. La provincia avanza en la contratación de servicios privados para cubrir áreas que deberían ser sostenidas por el sistema público, en un contexto donde los propios trabajadores de la salud están de paro y reclaman salarios y condiciones laborales dignas.
Ahí aparece el eje más incómodo para el gobierno de Claudio Vidal.
Mientras los hospitales funcionan con personal reducido, los gremios denuncian atraso salarial y falta de paritarias, y el propio ministro de Economía, Ezequiel Verbes, admite dificultades para afrontar pagos, el Ejecutivo impulsa una licitación millonaria para externalizar servicios sanitarios. La contradicción es evidente: no hay recursos para sostener el sistema público, pero sí para financiar contratos con privados.
La situación adquiere mayor gravedad cuando se observa el contexto. Profesionales de la salud, representados por distintas entidades, ya habían advertido sobre los riesgos del modelo propuesto. Cuestionaron la falta de controles, la ausencia de discusión previa y las condiciones en las que se pretende implementar la telemedicina. No es una resistencia corporativa: es una alerta sobre el rumbo.
En ese escenario, la exclusión de Varela no alcanza para despejar las dudas.
Porque el problema no es solo quién participa, sino qué se está licitando y por qué. La decisión de avanzar con un esquema que prioriza la intervención privada en plena crisis sanitaria se interpreta, desde distintos sectores, como un desplazamiento del recurso humano existente. Médicos, psicólogos y trabajadores del sistema público quedan relegados frente a un modelo que abre la puerta a negocios en un área sensible.
El dato político es inevitable. Vidal, que asumió con la promesa de ordenar la provincia, enfrenta un sistema de salud tensionado, con conflictos abiertos y sin respuestas estructurales. La licitación aparece entonces no como una solución, sino como un síntoma: la dificultad de gestionar lo público y la elección de transferir esa responsabilidad al sector privado.
Lo que lograron los legisladores fue evitar un caso concreto de incompatibilidad.
Lo que no pudieron —porque excede sus facultades— es revertir una política que, en medio de la crisis, parece priorizar la lógica de los contratos por sobre la reconstrucción del sistema sanitario.
Y ahí es donde el conflicto deja de ser administrativo para convertirse en una discusión de fondo: qué modelo de salud se está construyendo en Santa Cruz y quiénes son, finalmente, los beneficiarios de ese proceso.
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