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Sáb, Feb

Interés General

Diputados eliminó el punto sobre licencias médicas, pero mantuvo intacto un proyecto que reduce indemnizaciones, limita huelgas y habilita salarios en especie.

El oficialismo aceptó una sola modificación: retirar el artículo 44 que permitía reducir el salario durante las licencias médicas. Todo lo demás quedó en pie. El proyecto de reforma laboral aprobado en Diputados y ya con dictamen en el Senado avanza con un rediseño profundo del esquema de derechos y obligaciones que rige el trabajo formal en la Argentina.

La intención es que el viernes 27 obtenga sanción definitiva, apenas dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario de sesiones. El gesto político es evidente: consolidar la reforma como uno de los ejes estructurales del nuevo modelo.

Entre los cambios más relevantes figura la eliminación del pago tradicional de horas extras. En su lugar se crea un “Banco de Horas”, un sistema de compensación entre tiempo trabajado y descansos que, según el texto, no implicará un plus salarial. La negociación quedará sujeta a acuerdos entre empleador y trabajador dentro del límite máximo de jornada.

Las vacaciones continuarán siendo pagas, pero el empleador tendrá mayor margen para definir cuándo se otorgan. El período irá de octubre a abril y al menos una vez cada tres años deberán concederse en verano. Los tramos no podrán ser inferiores a siete días.

En materia de despidos, la base indemnizatoria se recalcula excluyendo horas extras, plus y gratificaciones extraordinarias. La referencia no podrá superar el 67 por ciento del valor de convenio. En despidos sin causa, la indemnización será de un mes por año de servicio, tomando como base el mejor salario del último período. También se habilita que las sentencias judiciales puedan pagarse en cuotas, con un interés anual del 3 por ciento ajustado por IPC.

Otro punto que generó controversia es la habilitación del pago del salario en distintas monedas o en especie. El texto permite acordar formas alternativas de retribución, lo que reabre un debate histórico sobre la protección del salario como derecho.

En el plano sindical, se redefinen infracciones y se amplían las posibilidades de acciones judiciales contra gremios. Las asambleas en horario laboral requerirán permiso del empleador y se reduce a diez horas mensuales la dispensa retribuida para delegados. En servicios esenciales se fija una cobertura mínima del 75 por ciento y en servicios trascendentales del 50 por ciento durante huelgas.

La reforma también descentraliza la negociación colectiva al permitir convenios por empresa con condiciones por debajo de los acuerdos sectoriales. En 180 días se derogarían estatutos profesionales, entre ellos el del Periodista.

Uno de los capítulos más discutidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones con un aporte equivalente al 3 por ciento de la remuneración. Según estimaciones incluidas en el debate, el fondo podría tomar recursos de la caja previsional para financiar desvinculaciones.

Además, se extiende el período de prueba a seis meses en general y hasta ocho meses en el régimen agrario. En casas particulares también se amplían plazos y se redefinen condiciones.

El proyecto transfiere a la Ciudad de Buenos Aires la competencia laboral actualmente en manos de la Justicia Nacional del Trabajo, un cambio que impacta en la estructura del fuero especializado.

La eliminación del artículo sobre licencias médicas fue el único retroceso del oficialismo en la negociación parlamentaria. El resto del articulado sigue firme y a un paso de convertirse en ley. El debate político y sindical, lejos de cerrarse, promete continuar en tribunales y en la calle.

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