Transporte paralizado, municipios con guardias mínimas y organismos públicos reducidos marcaron una jornada de adhesión amplia en toda la provincia.
El paro general convocado a nivel nacional contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei tuvo en Santa Cruz una adhesión amplia y con impacto concreto en la vida cotidiana. La medida se tradujo en transporte paralizado, servicios municipales reducidos y funcionamiento limitado de organismos públicos en las principales localidades.
La interrupción del transporte público fue uno de los factores más visibles. Tras la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor, no circularon colectivos en distintas ciudades, lo que afectó directamente la movilidad de trabajadores y usuarios. La ausencia de este servicio condicionó la asistencia a oficinas públicas, comercios y establecimientos educativos.
En paralelo, la participación de gremios estatales como ATE y del sector docente profundizó el alcance de la jornada. La combinación de estas adhesiones derivó en una reducción significativa de la actividad administrativa y en la implementación de esquemas de guardias mínimas en múltiples dependencias.
En Río Gallegos, el municipio funcionó con servicios esenciales priorizados. La atención al público fue restringida y algunos servicios urbanos, como la recolección de residuos, presentaron modificaciones según el nivel de adhesión del personal. Un escenario similar se registró en Caleta Olivia, donde la actividad comunal se vio reducida.
En Pico Truncado y Las Heras también se aplicaron esquemas de funcionamiento limitado, con foco en garantizar prestaciones básicas. En la Cuenca Carbonífera, particularmente en Río Turbio y 28 de Noviembre, la adhesión de distintos sectores laborales se reflejó en una menor circulación y actividad general en los espacios públicos.
El efecto del paro en Santa Cruz suele ser especialmente visible por las características de su estructura económica. La fuerte presencia del empleo estatal y el peso de los servicios públicos hacen que medidas de este tipo impacten de manera inmediata en la dinámica diaria. La paralización del transporte amplifica ese efecto, ya que condiciona la operatividad de otras actividades que dependen de la presencialidad.
La jornada se inscribe en el debate nacional por la reforma laboral que se discute en el Congreso. Mientras los gremios advierten sobre una posible pérdida de derechos, el Ejecutivo sostiene que los cambios buscan modernizar el sistema y generar empleo. En una provincia con alta dependencia del sector público y de actividades estratégicas, el desenlace de esa discusión tiene implicancias directas en el entramado social y productivo.
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