La provincia sufrió el derrumbe laboral más profundo en 20 años y el gobernador Claudio Vidal rechaza incluso asistir a los municipios en plena crisis.
Argentina atraviesa una de sus peores crisis laborales en décadas. Más de 276.000 trabajadores formales quedaron fuera del sistema, cerca de 20.000 empresas cerraron, y la estructura estatal fue recortada hasta niveles inéditos. La economía no se estabiliza: se achica. Y las señales no indican una desaceleración del daño, sino una profundización del ajuste.
Pero en Santa Cruz, la tragedia tiene nombre, rostro y territorio. Aquí, la caída es más profunda que en cualquier otra provincia del país: un 15% de derrumbe del empleo registrado, equivalente a 9.807 trabajos formales destruidos, una magnitud que no se veía en la provincia desde la crisis del 2001–2002. En proporción a su tamaño económico, Santa Cruz cayó incluso más que entonces. Nada parecido ocurrió en las últimas dos décadas.
En este contexto, el rol del gobernador Claudio Vidal resulta imposible de disociar del desastre. Desde el inicio de su mandato, eligió alinearse con Javier Milei. Acompañó leyes, legitimó el rumbo nacional, evitó la confrontación y sostuvo un vínculo político que, lejos de blindar a la provincia, la dejó desprotegida ante el mayor ajuste de la historia reciente.
Mientras miles de petroleros eran despedidos por la privatización encubierta de los yacimientos convencionales, mientras la obra pública provincial y nacional quedaba paralizada, mientras la industria retrocedía y las pymes cerraban en cadena, el gobierno de Vidal mantuvo una fría distancia. No hubo defensa del empleo. No hubo reclamo federal. No hubo medidas anticíclicas. Hubo silencio.
Y el silencio también es una decisión política.
La frialdad como forma de gobierno
El último episodio lo confirma: el Ejecutivo provincial rechazó otorgar asistencia financiera a los municipios, aun sabiendo que diciembre es el mes más delicado del año en términos salariales, sociales y operativos. La negativa no estuvo respaldada por análisis presupuestarios, ni advertencias técnicas, ni razones de Estado.
Fue, según intendentes oficialistas y opositores, un capricho político, motivado únicamente porque el proyecto había sido impulsado por bloques legislativos opositores.
Y ese capricho tiene consecuencias directas: localidades sin fondos suficientes, programas sociales en riesgo, servicios que pueden resentirse, empleados municipales al borde del atraso salarial, vecinos sin respuesta del Estado.
Cuando la política abandona a su gente
La devastación laboral en Santa Cruz no es azarosa. Es la consecuencia combinada de:
un gobierno nacional que aplicó el ajuste más drástico en décadas,
y un gobierno provincial que eligió no defender a su población en un momento crítico.
Se votó con Milei cuando había que resistir.
Se guardó silencio cuando había que interpelar.
Se negaron herramientas cuando los municipios pidieron ayuda.
Se actuó como si las consecuencias del ajuste fueran ajenas, inevitables o, peor aún, irrelevantes.
Pero no lo son. Son vidas reales. Son ciudades que se vacían. Son familias sin ingresos. Son sectores productivos que quizá no vuelvan a levantarse.
¿Quién conduce si nadie cuida?
Lo que está en juego no es una diferencia partidaria.
Es el rumbo de una provincia que históricamente supo defender su tejido productivo y su salario, y que hoy parece entregada a un experimento económico ajeno, sin liderazgo local ni sensibilidad territorial.
La motosierra arrasó.
Pero lo más grave es que acá se le abrió la puerta.
Y si nadie la detiene, no quedará mucho por reconstruir.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
