El testimonio de Roger Grant confirma adjudicaciones dirigidas, pagos arbitrarios y vínculo directo con droguerías favorecidas.
El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) amenaza con convertirse en uno de los expedientes más explosivos del presente ciclo político. Lejos de disiparse, la causa avanza entre audios comprometidos, pruebas documentales, cuadernos y chats recuperados, mientras los imputados intentan desmarcarse unos de otros. Esta semana, se quebró el cerco de silencio: Roger Grant, exfuncionario del área de urgencias médicas, habló y apuntó directamente a su jefe, Daniel Garbellini. La estrategia defensiva ya no alcanza para contener el derrumbe.
El entramado: droguerías, sobreprecios y direccionamientos
La investigación encabezada por el fiscal Franco Picardi reconstruye una operatoria sistemática: adjudicaciones de medicamentos de alto costo digitadas a favor de cuatro droguerías —Génesis, Profarma, Floresta y New Farma— con compulsa ficticia incluida. Los pagos eran definidos desde adentro y las instrucciones bajaban de Garbellini, titular del área de Acceso a la Salud, que operaba con conocimiento de Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS.
Roger Grant, que había ingresado por gestión de Garbellini, se presentó en Comodoro Py y decidió declarar. Confirmó que ejecutaba instrucciones puntuales sobre a quién invitar, a quién adjudicar, y en qué plazos. Chats entre ambos lo muestran informando avances, altas en el sistema y decisiones de compulsa. También se recuperaron mensajes con Miguel Ángel Calvete, empresario ligado al sector farmacéutico y lobista clave de la red.
En sus anotaciones, Calvete dejó trazas: “Llamar a Roger por precios” o contactos con Génesis S.A., la firma que monopolizaba las compulsa “especiales”. En la lista de implicados también aparece Pablo Atchabahian, quien durante la gestión de Mauricio Macri ocupó el mismo cargo que luego tuvo Garbellini.
Audios bajo fuego y defensa en retirada
El audio filtrado de Spagnuolo, donde describe el reparto de retornos y el vínculo con Casa Rosada, fue el punto de partida del caso. Hoy, el exfuncionario y su abogado Mauricio D’Alessandro intentan descalificarlo. Presentaron un peritaje de una consultora española, Graudio Forensics SL, que señala 18 cortes, posibles ediciones y hasta una voz sintética con 65 % de probabilidad de haber sido generada por IA. Sin embargo, no niegan que la voz sea la del exfuncionario, y el propio informe no puede confirmarlo.
La estrategia apunta a declarar nula toda la causa como “fruto del árbol envenenado”, pero hasta ahora fue desestimada por el fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanello. Ambos se apoyan en una sólida batería de pruebas independientes: allanamientos, mensajes eliminados y recuperados, transferencias millonarias y declaraciones que ya no pueden ocultarse.
Silencios rotos y nombres que empiezan a hablar
Además de Grant, esta semana declaró Eduardo Nelio González, exdirector nacional de Apoyos Económicos, quien también apuntó contra Garbellini. Dijo que no compartía su forma de trabajo y que lo habían relegado a tareas administrativas. Antes, compartieron una sociedad vinculada a supermercados chinos junto a Calvete, lo que expone la estrecha red de intereses cruzados.
En los próximos días será el turno de Luciana Ferrari (exdirectora de Prestaciones Médicas, con paso reciente por Laboratorios Roche) y de Federico Santich, vinculado a Profarma S.A., empresa que recibió transferencias millonarias y fue allanada. La causa avanza, y con cada declaración, el modelo se vuelve más visible: tráfico de influencias, cartelización de compras públicas y desviación de fondos estatales destinados a la población con discapacidad.
Estado ausente, pero funcional
El caso ANDIS revela un patrón de fondo: un Estado desmantelado en lo discursivo, pero aún útil para favorecer negocios privados con recursos públicos. El modelo libertario —de ajuste brutal y desprecio por lo público— convive con prácticas que no son nuevas, pero se envalentonan cuando nadie mira. La corrupción no es sólo un delito: es una herramienta de gobierno cuando la prioridad es privatizar la vida.
Spagnuolo, Garbellini y Calvete operaban dentro de esa lógica. Que la causa avance o no dependerá de la voluntad política y judicial. Pero ya hay una certeza: la red de complicidades se empieza a romper. Y el discurso de transparencia empieza a hacer agua.
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