Mientras el Gobierno insiste con el discurso contra “la casta”, los datos del empleo registrado revelan que los recortes recayeron sobre jubilados, trabajadoras, personas con discapacidad y asalariados formales.
Desde que asumió Javier Milei, el ajuste del Estado pintado en su retórica como “descarga sobre la casta” no se limpió con espejos: el impacto lo sintieron quienes viven del salario, los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores formales. Un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela que en agosto de 2025 el empleo asalariado formal retrocedió nuevamente, con 10.600 puestos privados perdidos.
Según el informe, desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025 el sector privado registrado perdió 139.000 empleos (‑2,2 %), mientras que en el sector público la caída fue menor: 61.000 puestos (‑1,7 %). Ese fenómeno desmiente la narrativa oficial sobre un ajuste orientado al empleo estatal: la mayor destrucción resultó del lado privado.
Las caídas sectoriales fueron variadas, aunque sobresalen intermediación financiera, minería y construcción como algunos de los más afectados. En contraste, ramas como agro, electricidad/gas/agua, hoteles y restaurantes mostraron variaciones mínimas o levemente positivas.
Además, en muchos segmentos la precarización va de la mano con la pérdida de remuneración real. Según el mismo análisis de la UBA, los salarios de los asalariados privados formales cayeron 14 % respecto al máximo histórico.
Qué revelan los datos: una crisis estructural
La tendencia de caída del empleo formal no es puntual: se extiende desde fines de 2023 y se arrastra con continuidad en 2024 y 2025.
Los sectores productivos privados son los más castigados. El empleo público también retrocede, pero en menor medida. Esto desmonta cualquier argumento de que el ajuste golpeó únicamente al Estado.
Las industrias tradicionales —construcción, manufactura, transporte— lideran las pérdidas, lo que erosiona la base de la clase trabajadora asalariada.
En paralelo, los ingresos reales se desploman, lo que expone al trabajador formal a una doble precarización: perder su empleo o conservarlo con menor poder adquisitivo.
Crítica editorial: no es ajuste, es empobrecimiento sistemático
El relato oficial pretende mostrar que el ajuste tenía destino “la casta”: privilegios estatales, beneficios para burocracias o altos cargos. Pero los números cuentan otra historia: la carga recayó sobre lxs que viven de su laburo. En lugar de “depurar privilegios”, se desmanteló una red de trabajo formal que tardó décadas en construirse.
La verdadera “descarga” afectó a jubiladxs, personas vulnerables, asalariadxs privados, trabajadoras de casas particulares y sectores populares. ¿Es esto el país moderno y competitivo que pregonan quienes gobiernan abriendo la tijera? ¿O es el retorno a un empleo de mala calidad, en negro o peor remunerado?
El ajuste, lejos de generar productividad o empleo digno, dejó como saldo puestos de trabajo destruidos, ingresos reales desvalorizados y una clase trabajadora con menos certezas. Esa realidad —brutal y cruda— choca con cualquier discurso glorificador de reformas ultraliberales.
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