El proyecto de ley Bases de Milei, que actualmente cuenta con media sanción en Diputados, genera preocupación debido a sus implicaciones regresivas en materia laboral, previsional y de desarrollo económico.
Uno de sus capítulos clave es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el cual ha sido objeto de críticas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a sus riesgos y peligros.
El RIGI otorga privilegios impositivos y cambiarios desproporcionados a grandes empresas, lo que podría condenar al país a la desindustrialización y el subdesarrollo. Además, cualquier litigio relacionado con este régimen se resolvería en el tribunal arbitral internacional (Ciadi), lo que implica una cesión de soberanía jurídica.
Este régimen de incentivos es considerado una puerta de entrada para capitales de origen incierto, lo que podría convertir a Argentina en una guarida fiscal para capitales ilícitos. Expertos del GAFI han advertido sobre las fallas de seguridad de la ley y su potencial para facilitar el blanqueo de capitales.
El RIGI también afecta negativamente a la industria nacional y a las pymes, al favorecer a grandes empresas locales y extranjeras y permitir la importación de insumos y bienes de capital sin aranceles durante 30 años. Además, establece beneficios impositivos significativos, como una alícuota única de Ganancias del 25% y la amortización acelerada de bienes.
En resumen, la ley Bases de Milei, con su Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, plantea graves riesgos para la economía argentina, incluyendo la pérdida de soberanía jurídica, la desindustrialización y la creación de una guarida fiscal para capitales ilícitos. El Senado jugará un papel crucial en el destino de este proyecto.
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