El próximo secretario de Vivienda, Ricardo Inti Alpert, ratificó la eliminación de la construcción de viviendas con respaldo estatal, resaltando que la reducción de la inflación facilitará la "canalización" del ahorro para promover créditos destinados a "tres millones de obras públicas sin gasto público".
"Si entregamos las viviendas construidas por obra pública a familias interesadas en comprarlas, la obra no se detendrá. Se convertirá en una obra privada bajo el dominio de una familia, evitando así la pérdida de empleos", declaró Inti Alpert, experto en hábitat y desarrollo urbano, quien estará a cargo del área de Vivienda en la administración del presidente electo, Javier Milei. Esta mañana, durante una entrevista con Urbana Play y Radio con Vos, enfatizó que el enfoque de la política de vivienda será "reducir la inflación, aumentar el nivel de actividad" y construir, de manera privada, "un millón de viviendas en determinados lugares, otro millón en diferentes áreas, y proporcionar servicios, infraestructura y documentos a un millón de familias en barrios populares".
Este financiamiento, proporcionado por los bancos después de "desmantelar la bomba de las Leliq" y "otorgar condiciones de seguridad jurídica", se destinará a obras privadas.
"Hoy en día, enfrentamos problemas de inflación y estancamiento. Millones de personas pagan alquileres de 200 mil pesos. Si esas personas tienen la posibilidad de hacer un anticipo de 8.000, 10.000 o 12.000 dólares, y obtienen un crédito de 40.000 dólares, podrán construir una vivienda de alta calidad", señaló, asegurando que el ahorro ya existe, por ejemplo, en la Anses o en compañías de seguros, pero que "no hay un mecanismo intensivo para canalizarlo".
"En nuestro primer año, le decimos a médicos, docentes, choferes, bomberos, policías, personal de salud, programadores, cualquier persona que quiera comprar un departamento, construir o ampliar y no tenga un crédito, que se inscriba y lo hagamos", destacó Inti Alpert.
Explicó que el objetivo no es "crear créditos para mantener una burbuja de precios en Caballito, donde un departamento de dos ambientes valga 100.000 dólares", sino permitir, por ejemplo, "hacer un departamento de 60 metros sobre la casa de tu tío en Morón".
La urbanización de barrios estará a cargo de "sociedades de fomento" y "cooperativas de servicios públicos", al igual que los "vecinos", marcando "el final de la obra pública" pero "el comienzo de la obra privada".
"Lo que decimos es el final de la obra pública pero no el final de la sociedad de fomento, el fideicomiso a costo, de la constructora, del conjunto de vecinos. En su momento, en cada barrio había una sociedad de fomento que ponía agua potable y cloaca", afirmó el futuro secretario.
En cuanto a la obra pública en general, expresó: "lo que decimos es que en lugar de que lo haga el Estado, se debe convocar a todos los interesados para, por ejemplo, convertir la ruta 7 en autopista. Habrá un montón de interesados y beneficiarios, y esto no significa que un millonario ponga un peaje".
"Apostamos a la capacidad de organización de las personas a través de entidades sin fines de lucro, empresas, cooperativas y asociaciones civiles, o a través de estados locales que realicen acciones sostenibles", añadió.
En relación a la Ley de Alquileres, respaldó la propuesta de Milei de derogarla, argumentando que la regulación actual "no ha funcionado" y "no beneficia a nadie, ni a propietarios ni a inquilinos".
"Tenemos 200 razones para decir y sostener por qué hay que derogar la Ley de Alquileres y, en todo caso, trabajar en la reforma del Código Civil en algunos de sus artículos, que es mucho mejor que esa mala ley".
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