El escándalo desatado por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), escaló a niveles críticos: la Justicia Federal ordenó allanamientos en sedes y domicilios vinculados a la droguería Suizo Argentina S.A., señalada como engranaje central de un circuito de presuntas coimas y retornos.
En los procedimientos —según consta en actas incorporadas al expediente— se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera.
La investigación, que busca establecer si las grabaciones son auténticas y si existió un sistema ilícito de retornos en contrataciones públicas, ya exhibe una traza administrativa difícil de ocultar: millonarias compras estatales a la misma droguería en apenas unos meses.
En lo que va de 2025, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, la Policía Federal Argentina (PFA) adjudicó contratos a Suizo Argentina por $8.339.956.856,70 (equivalentes a US$ 6,4 millones al tipo de cambio de $1300).
Entre febrero y mayo, la cartera de Seguridad destinó fondos para:
Medicamentos de alto costo: $1.680 millones
VIH: $301 millones
Neurológicos: $26 millones
Antineoplásicos: $1.426 millones
Oncológicos: $365 millones
Anticuerpos monoclonales: $939 millones
La lista revela un flujo concentrado de recursos públicos hacia una única droguería en el mismo período en que explotó el caso de ANDIS.
El impacto político se agrava porque la cartera de Seguridad fue la que más contrató con Suizo Argentina, dejando a Bullrich en el centro de la tormenta.
La empresa también abasteció al Hospital Naval Pedro Mallo, dependiente del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, por más de $105 millones en material quirúrgico y de examinación.
Mientras tanto, la causa federal avanza en tres frentes:
1. Peritaje de autenticidad de los audios de Spagnuolo.
2. Investigación del presunto circuito de sobornos.
3. Análisis de dinero y documentación incautados.
Pero incluso sin esperar esos resultados, los contratos oficiales muestran un patrón político-administrativo que compromete directamente a dos ministerios clave del gobierno de Milei.
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