Viviana Aguirre, excoordinadora contable del PAMI en La Plata, denunció un esquema de corrupción que involucra a referentes clave de La Libertad Avanza y afecta a varias provincias.
Un millón de pesos como condición para un ascenso. Firmas en documentos irregulares. Aportes ilegales exigidos a empleados estatales. Y una denuncia que, lejos de quedar en La Plata, está sacudiendo varias provincias.
Viviana Aguirre, excoordinadora contable del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, rompió el silencio y expuso un presunto esquema de corrupción sistemática en el Estado, orquestado desde la estructura partidaria del oficialismo.
La denuncia: favores, retornos y silencio oficial
Aguirre declaró que Juan Esteban Osaba—mano derecha del senador bonaerense Sebastián Pareja y engranaje clave del armado de Karina Milei—le exigió un pago de un millón de pesos para acceder al cargo de directora de la Unidad de Gestión Local VII del PAMI en La Plata. Según su testimonio, también le pidieron firmar documentación con contenido ilegal.
El esquema incluía "retornos" obligatorios que iban desde el 5 % hasta el 25 % del salario, según el cargo. Aguirre afirma que el dinero se destinaba al financiamiento partidario de LLA.
“La política no es un negocio, pero ellos la usan como tal”, disparó la exfuncionaria. Tras negarse a participar de la maniobra, fue apartada junto a su equipo. A esto se suma que habría invertido más de 15 millones de pesos de su bolsillo en la campaña electoral, sin recibir respuesta alguna de los máximos referentes del partido cuando intentó denunciar las irregularidades.
El entramado: de La Plata al país
La denuncia no se agota en Buenos Aires. El expediente judicial a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini ya involucra oficinas del PAMI y la ANSES en Misiones, La Pampa y Santa Cruz.
En Misiones, el titular de LLA, Carlos Adrián Núñez, fue denunciado por exigir un 10 % del salario a sus funcionarios. En La Pampa, Julio Jamad habría exigido un 15 % de los sueldos a depositar en una cuenta propia. En Santa Cruz, Sergio Torres, exjefe del PAMI en Caleta Olivia, fue desplazado por negarse a cobrar "aportes" del 25 % a empleados.
¿Qué dice el partido?
Karina Milei y Javier Milei fueron directamente apuntados por Aguirre. Según su relato, la secretaria general la bloqueó tras recibir pruebas y el presidente “clavó el visto” sin dar respuesta. Hasta el momento, ningún integrante de LLA respondió formalmente a las denuncias.
Desde el PAMI, en tanto, reconocieron en un comunicado la existencia de “mafias internas” y ordenaron una auditoría para investigar el uso abusivo de "vías de excepción" en compras y asignación de recursos, mecanismo que habría sido utilizado para evadir controles y licitaciones.
Un sistema con nombres propios
El entramado señalado tiene protagonistas:
Sebastián Pareja: apuntado como cerebro político detrás del sistema de retornos.
Juan Esteban Osaba: supuesto intermediario y extorsionador directo de Aguirre.
Raúl Simonetto: exdirector del PAMI La Plata, procesado por defraudación junto a Aguirre tras un viaje disfrazado de actividad oficial para asistir a un recital de Madonna.
María Celeste Ponce: diputada por Córdoba, acusada por Aguirre de cobrar retornos a sus asesores.
Agustín Romo: diputado bonaerense, señalado por blindar a figuras con prontuario en el armado libertario.
La justicia avanza, la política calla
La causa judicial avanza, pero el impacto político aún está contenido. Desde LLA, no hay desmentidas ni comunicados oficiales. Mientras tanto, la denuncia de Aguirre ya reconfigura el mapa de internas dentro del oficialismo y pone bajo sospecha la legitimidad del aparato que Karina Milei intenta consolidar en todo el país.
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