Concejales del Bloque del FPV manifestaron su postura frente a las políticas planteadas por el gobierno nacional de Cambiemos desde su asunción
La Patagonia históricamente se ha constituido como una región estratégica en función de sus recursos naturales, en la que, a través de distintas políticas públicas, se ha apostado a una economía regional, de fomento de actividades productivas que impliquen el arraigo de la población y la mejora de la calidad de vida del sector.
El 2 de noviembre de 2015, a través del Decreto 2229 (actualmente derogado), Cristina Fernández de Kirchner restableció la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones (instituido por el Artículo 1° de la Ley N° 23.018 —sancionada y promulgada el 7 de diciembre de 1983) a las mercaderías cuyo embarque y respectivo "cumplido" de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado.
Los ediles Martin Medvedovsky, Eloy Echazú y Osvaldo Scippo del bloque del FPV manifestaron que “esta situación benefició notablemente a las provincias de la Patagonia, generando un importante movimiento económico para la región, sobre todo en las localidades lindantes a los puertos”.
Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 2015, desde que Cambiemos asumió como Gobierno Nacional “vemos un ensañamiento para con los patagónicos, quienes nos vemos afectados por el conjunto de políticas que impactan negativamente en nuestra economía regional” aseveraron los ediles.
“Los tarifazos efectuados durante el último año, los cuales sumaron un costo adicional en los hogares como también en los emprendimientos productivos; el recorte de presupuesto en el sector petrolero donde ya se perdieron miles de puestos de trabajo; la paralización de la obra pública y la incertidumbre en torno a construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (Santa Cruz) y Chihuido (Chubut); la apertura de la importación de mariscos a precios más bajos que los locales; los 5000 puestos de trabajo perdidos en Tierra del Fuego, casi todos pertenecientes a la industria tecnológica y la crisis de la fruticultura en Río Negro que implicó la reducción del 30% de la cantidad de productores, la reducción de superficies plantadas y despidos de los trabajadores”, son entre otras, las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional que más perjudicaron a los trabajadores durante los últimos doce meses.
Sumado a estas políticas el 29 de noviembre pasado, el Gobierno Nacional, a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) derogó el subsidio a las exportaciones realizadas desde puertos patagónicos, perjudicando a los puertos de Rio Negro, Chubut y Santa Cruz. Por ello, los concejales manifestaron que “esta medida afectará seriamente al petróleo, la pesca, la lana y las frutas, entre otras”, además “tendrá una incidencia positiva en los puertos bonaerenses, generando así un enorme retroceso del federalismo”.
Es por ello que los legisladores patagónicos nos sumamos a la preocupación planteada por las diferentes organizaciones sociales en torno a las decisiones tomadas por Mauricio Macri, dado que resulta “esencial que el Gobierno Nacional adopte medidas para garantizar la continuidad del proceso de desarrollo de la Región Patagónica, evitando profundas consecuencias económicas y sociales”.
No se trata de un reclamo sectorial o regional, somos legisladores que tenemos la profunda convicción que defender la Patagonia es defender a la Argentina.